‘Ley de start up’: nuevo tratamiento fiscal del ‘carried interest’

La incertidumbre sobre los vehículos distintos al capital riesgo podría ser perjudicial para el despliegue de nuevos proyectos de inversión.

carry carried del Reglamento 2015/760); o (ii) de “[o]tros organismos de inversión análogos a los anteriores”, concepto que la nueva norma no concreta.

2. Que los perceptores del carry sean administradores, gestores o empleados de (i) las entidades referidas en el punto anterior o (ii) sus entidades gestoras o entidades de su grupo.

3. Que el derecho al carry (i) esté condicionado a la obtención de una rentabilidad mínima garantizada por los restantes inversores; y (ii) se mantenga durante un mínimo de 5 años, plazo que podrá ser inferior en supuestos excepcionales.

Entidades de inversión colectiva

Desafortunadamente, la norma no es clara respecto de cuáles son esos “[o]tros organismos de inversión análogos” a los que les resulta aplicable el nuevo régimen. Al referirse al carried interest, la Exposición de Motivos de la Ley de Start Up sólo menciona a las entidades de capital riesgo. Asimismo, inicialmente, el proyecto de ley recogía, entre la relación de entidades a las que podía asociarse el nuevo régimen del carried interest, a todas las “[e]ntidades reguladas en la Ley 22/2014”, incluyendo así también a las entidades de inversión colectiva de tipo cerrado (Eicc) distintas de las de capital riesgo, y no sólo a éstas, como figura en el texto finalmente aprobado. Igualmente, durante la tramitación de la norma, una enmienda del Grupo Parlamentario Plural en el Congreso pretendió la ampliación del ámbito subjetivo del nuevo régimen a otras entidades de inversión gestionadas por sociedades gestoras de Eicc, pero fue rechazada.

Pero, aunque lo anterior podría conducir a una interpretación restrictiva del ámbito subjetivo del régimen fiscal del carried interest, no creemos que deba necesariamente ser así, toda vez que:

1. Es innegable que debe poder aplicarse a otros vehículos de inversión distintos de las entidades de capital riesgo, pues, de otro modo, la referencia a “[o]tros organismos de inversión” carecería de sentido.

2. No es ilógico que el legislador haya optado por no incluir referencias expresas a otras Eicc por considerarlas innecesarias al quedar cubiertas por la citada referencia. Máxime, en un sector tan dinámico y sujeto a constante innovación, en el que multitud de proyectos de inversión en empresas no cotizadas se canalizan a través de vehículos al margen del capital riesgo (como los novedosos search funds) e incluir una relación de vehículos, con el consiguiente riesgo de obsolescencia, puede resultar indeseable.

3. No creemos que la mención única al capital riesgo en la Exposición de Motivos de la norma pueda fundamentar la interpretación restrictiva. No puede obviarse que es el actor principal en el mercado de la inversión en empresas no cotizadas y el sector que, por estar más extendidas las estructuras de retribución con carry, más se beneficiará del nuevo régimen. Pero, a nuestro juicio, ello no justifica que deba considerarse el único al que resultará de aplicación.

No obstante, se trata de una cuestión que sería recomendable aclarar, puesto que esta incertidumbre podría resultar perjudicial para la puesta en marcha de nuevos proyectos de inversión. Los gestores que no operen bajo el paraguas de entidades de capital riesgo habrán de asumir el riesgo de que no se reconozca a su carried interest la reducción del 50% en la base imponible que introduce la Ley de Start Up. Sirva de ejemplo el caso italiano, en el que la redacción también amplia de la norma equivalente generó dudas interpretativas que fueron aclaradas en el sentido de que el régimen fiscal del carry no se limita al capital riesgo, sino que se extiende a instrumentos similares que operan en ámbitos distintos del puramente financiero.

El derecho al ‘carry’ está condicionado a una rentabilidad mínima para el resto de los inversores