Bruselas propone un fondo industrial para plantar cara a EEUU
PLAN/ Defiende flexibilizar las ayudas estatales y la creación de un fondo soberano europeo frente a los subsidios de Biden.
Durante muchos años, el 6 de diciembre se celebraba con alegría y espíritu democrático el aniversario de la Constitución. Era una fecha para recordar unidos que en 1978 España había iniciado el camino hacia la democracia plena gracias al consenso y a la unidad tras la durísima dictadura de Franco. Pero este martes, cuando se celebraba el 44 cumpleaños de la Carta Magna, el ambiente era todo menos festivo. Grandes ausencias y ataques mutuos, tan solo rotos por el discurso conciliador de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet. Las amenazas a la Ley Fundamental no provienen solo de sus enemigos históricos, sino también de los que se tildan constitucionalistas.
La Carrera de San Jerónimo se había puesto de gala, en medio de un larguísimo puente festivo, para conmemorar más de cuatro décadas de concordia; pero para muchos, había poco que celebrar. Además de las tradicionales ausencias de los presidentes de las comunidades autónomas de Cataluña y el País Vasco (en las calles de Barcelona unos miles de radicales quemaban ejemplares de la Constitución), en esta ocasión decidieron no acudir al cumpleaños hasta seis presidentes socialistas de otras tantas regiones españolas: Aragón, Castilla-La Mancha, Navarra, Baleares, Comunidad Valenciana y Asturias, por razones muy diversas. Sí comparecieron, junto a su líder, Alberto Núñez Feijóo, los cinco máximos representantes de Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia y Castilla-León.
Aunque desde La Moncloa se haya querido restar importancia a esas ausencias, las razones expuestas por Lambán, García-Page, Chivite, Armengol, Puig y Barbón no podían ocultar el malestar entre buena parte de los barones del PSOE por la deriva tomada por el presidente del Gobierno ante la presión de los nacionalistas e independentistas. La última decisión confirmaba todas las sospechas: Pedro Sánchez anunciaba en un corrillo con los periodistas al terminar el acto que se plegaba a la nueva exigencia de ERC y que reformaría el delito de malversación para permitir a Oriol Junqueras y otros sediciosos catalanes presentarse a las próximas citas electorales. La foto en la escalera principal del Palacio del Congreso de los Diputados, delante de la Puerta de los Leones, tampoco era muy alentadora. Junto a Sánchez y Batet, posaban los presidentes del Tribunal Constitucional, Pedro GonzálezTrevijano, y del Consejo General del Poder Judicial, Rafael Mozo; ambos con sus mandatos caducados, poniendo en evidencia la incapacidad de los grupos políticos para cumplir las normas de la Carta Magna para renovar a sus representantes. Una vergüenza más para la democracia española.
En este caso, el principal culpable es el Partido Popular, que lleva casi cuatro años bloqueando la renovación de los magistrados del CGPJ y varios meses impidiendo que se nombren a los nuevos representantes del TC. De nada vale defender ardientemente la Constitución de 1978, si se incumple flagrantemente para mantener una mayoría conservadora en ambos órganos. Con la llegada de Feijóo a la cúpula del PP se abrió una ventana de esperanza para acabar con esa grave irregularidad, pero la presión de algunos de sus barones y el miedo a las encuestas le llevaron a buscar nuevas excusas para volver a romper las negociaciones.
Causa y efecto
La reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición y reformar el de malversación es más que criticable (esas reformas a la carta acabarán pasando factura), pero no justifica el incumplimiento de las reglas constitucionales para renovar sus órganos. Sobre todo, porque pone en tela de juicio la independencia judicial y deja a jueces y magistrados en una situación de extrema debilidad frente a los ciudadanos. Batet recordó en su intervención una frase de Francisco Tomás y Valiente: “Las instituciones ganan o pierden prestigio por lo que hacen, pero también con lo que con ellas se hace”.
Además de las ausencias y los ataques públicos entre socialistas y populares (Sánchez acusó a Feijóo de incumplir la Constitución y éste le replicó que el Gobierno se ha aliado con los que la atacan), hubo detalles y gestos que muestran las crisis que sufren buena parte de las fuerzas políticas españolas. Los representantes de Vox siguieron el ejemplo de los grupos independentistas y decidieron no participar en la celebración, mientras que Inés Arrimadas y Edmundo Bal se ignoraban durante toda la celebración, poniendo en evidencia que Ciudadanos, desgraciadamente, va camino de su desaparición.
Mientras, en las filas de la izquierda más radical, los seguidores de Pablo Iglesias exigían a Yolanda Díaz que aclarara cómo iba a garantizar la unidad de los partidos de la coalición. La vicepresidenta segunda del Gobierno evitó cualquier explicación a sus colegas de Podemos y se limitó a decir en los corrillos que “Sumar será el secreto de una nueva condición progresista”. Se avecinan temporales entre la formación morada y la estrella creciente de la izquierda.
La única luz de esperanza entre tanto despropósito la puso la presidenta del Congreso. Además de pedir fervientemente a diputados y senadores que abandonen la violencia dialéctica y trabajen para mejorar España (“utilizar el valor de la palabra para construir, no para zaherir”, dijo Batet), la política socialista defendió la Transición y el texto constitucional frente a los continuos ataques que vienen recibiendo por parte de la izquierda y los grupos independentistas. Batet se refirió a la elaboración de la Ley Fundamental como una “correlación de generosidades” y a la materia política del texto como un marco de “esperanza”. Dos términos en desuso en el panorama político actual.
Europa y EEUU. Aliados y, sin embargo, rivales. El macroplan de la Administración Biden para, bajo el paraguas de la Ley de Reducción de la Inflación, irrigar con 369.000 millones de dólares la economía estadounidense en la próxima década vía subsidios y exenciones fiscales a quienes inviertan en tecnologías verdes en el país ha disparado todas las alarmas en la UE. Bruselas teme que este megapaquete de ayudas a las empresas norteamericanas distorsione y fragmente las cadenas de suministro mundiales, amén de discriminar a las compañías europeas de los sectores de automoción, renovables, baterías o con un uso intensivo de la energía. Ante el riesgo de que esta maniobra provoque un éxodo inversor desde Europa a Estados Unidos al calor de las ayudas y los incentivos fiscales, la Comisión Europea plantea un plan de choque para responder al proteccionismo de la Administración Biden con sus propias recetas no exentas de tintes proteccionistas.
Así, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió ayer la creación de un fondo europeo industrial en el marco de su estrategia para plantar cara al despliegue estadounidense. Un fondo con vocación de permanencia, porque “a medio plazo, necesitamos una solución estructural para nuestra industria de tecnologías limpias”, señaló Von der Leyen, quien añadió que la UE aspira a liderar la transición mundial hacia las energías limpias. “Por eso introduje la idea de establecer un fondo soberano; la lógica detrás de esto es muy simple: si tenemos una política industrial europea común, esto requiere una financiación europea común”, afirmó la presidenta de la Comisión durante un discurso pronunciado ayer en la universidad Bocconi en Italia.
Dentro de su estrategia para contrarrestar el impacto del tsunami de subsidios estadounidense, Von der Leyen planteó el domingo pasado la necesidad de “simplificar y adaptar” las normas europeas sobre ayudas estatales a empresas para “impulsar la transición” ecológica, revisando el actual marco normativo para que esas ayudas sean “más predecibles, sencillas y rápidas”. Sin embargo, como destacó ayer la propia presidenta del Ejecutivo comunitario, no todas las economías europeas tienen la misma potencia de fuego a la hora de desplegar ayudas en sectores estratégicos. “No todos los Estados miembros cuentan con espacio fiscal para ayudas estatales, por lo que necesitamos financiación europea complementaria”, afirmó Von der Leyen, idea que entronca con su propuesta de construir un fondo industrial europeo.
El plan de Von der Leyen de flexibilizar las ayudas estatales y crear un fondo soberano tiene lugar cuando todavía resuena en Europa la polémica por el macroplan de ayudas de 200.000 millones de Alemania para rebajar la factura energética de sus empresas y ciudadanos, iniciativa unilateral que, según advirtió en su día la presidenta de la Comisión, puede distorsionar el mercado único. “Sin una solución europea común, nos arriesgamos a la fragmentación”, alertó.
Pese a la preocupación que genera en Europa la Ley Antiinflación de EEUU, la UE no quiere una guerra abierta con la Administración Biden. A principios de semana, los vicepresidentes ejecutivos de la Comisión Margrethe Vestager y Valdis Dombrovskis se reunieron con representantes comerciales de EEUU para intentar limar “los aspectos más preocupantes” de esa ley, en el marco de una serie de encuentros que proseguirán en el futuro.
A las ausencias de los presidentes de Cataluña y País Vasco se unieron otras seis CCAA
La UE teme que el plan de ayudas de Biden por 369.000 millones desplace inversión de Europa