Innegociable respeto a la Constitución

La crisis institucional creada por las presiones del Gobierno a los órganos judiciales está lejos de haberse cerrado. En su despedida como presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano pidió a los partidos políticos que no conviertan a esta institución en el árbitro de sus disputas, reivindicando su papel como límite al poder político. Pero Pedro Sánchez sigue siendo rehén de los separatistas, que le exigen desarmar al Estado de Derecho con el fin declarado de que la Justicia no frustre, como sucedió en 2017, sus planes para subvertir de forma ilegal el marco constitucional y autonómico. GonzálezTrevijano recordó que no se pueden avalar mutaciones del orden jurídico que vayan contra la Carta Magna y que sólo hay una soberanía, la del pueblo español, ante la que “no son oponibles soberanías populares”. Se trata de una llamada oportuna a la responsabilidad de los dirigentes políticos –las autoridades deben proteger y acatar la Constitución, no al revés, aclaró–. Restablecer la normalidad institucional exige el máximo respeto a los procedimientos legales previstos en la Carta Magna. El actual Ejecutivo y sus socios trataron de cambiar por la vía exprés y sin debate parlamentario la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para garantizarse una mayoría favorable a sus intereses en este órgano. Además, Sánchez ha batido todos los registros de los gobiernos precedentes en el abuso del decreto-ley como forma de legislar, lo que a juicio del presidente saliente del TC implica una hipertrofia de las instituciones que pone en peligro los contrapesos al poder establecidos en la Carta Magna.