El agua en Extremadura
Uno de los servicios urbanos básicos es la gestión del ciclo integral del agua, que se encuentra en la propia génesis de lo urbano. El hombre se localiza y vive en comunidad allí donde se encuentra el agua. La posibilidad de que exista cualquier asentamiento urbano se enraíza en la capacidad e gestionar adecuadamente el agua. El ciclo integral del agua, piedra angular de lo urbano, debe regirse por criterios de consenso, lo más racionales y sólidos que sea posible.
No necesariamente las comparaciones son odiosas, y en el terreno legislativo, donde no hay ciencia física sino creación humana, las comparaciones funcionan. Pero ha sido la Junta de Extremadura la que ha equiparado su Proyecto de ley de Gestión y Ciclo Urbano del Agua con la Ley de Mejora de la Gestión Integral del Agua que sacó adelante el pasado verano la Xunta de Galicia. Aceptamos el reto y, como veremos, de no mejorarse durante su trámite parlamentario, la norma extremeña puede acabar siendo una auténtica rémora para el desarrollo de esta región.
Mediante el citado proyecto de ley, el Gobierno extremeño pretende privar de competencias a las administraciones locales en favor de la autonómica en materia del ciclo integral del agua, que irónicamente titulan como “ciclo urbano del agua” mientras desurbanizan su gestión, en contra del principio constitucional de autonomía local y en contraposición a la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que describe en su artículo 25 un conjunto de materias sobre las cuales los municipios ejercerán competencias propias, entre las que se encuentran el abastecimiento del agua potable y la evacuación y tratamiento de aguas residuales. Por el contrario, la ley gallega habla de colaboración –no sumisión– administrativa como un principio para conseguir los objetivos comunes en las políticas de abastecimiento, saneamiento y depuración.
Quizás por ello la norma de la Xunta gallega se titula de “Mejora de la Gestión del Ciclo Integral del Agua”. Sobre todo teniendo en cuenta la enorme dispersión urbana que existe en Galicia, con municipios o muy pequeños, o muy dispersos, donde la articulación de los servicios es a menudo muy difícil y se hace necesaria la colaboración de administraciones superiores. Justo lo contrario de lo que ocurre en Extremadura, donde la fuerte concentración urbana en pueblos de gran tamaño les habilita para cualquier política local, sin perjuicio de la coordinación entre ellas y de la sujeción a las normas de rango superior que sean de aplicación.
Viabilidad económica
La ley gallega habla de que las administraciones públicas implicadas tengan que someter sus actuaciones al principio de sostenibilidad económica y financiera, obligando a conseguir una viabilidad económico-financiera en la gestión integral del agua, al tiempo que establece la necesidad de que los servicios básicos de agua se presten con eficacia y eficiencia. Sin embargo, el Proyecto de ley extremeño evita mencionar, pese a las alegaciones en este sentido, la necesidad de optar por el modelo de gestión más eficiente y sostenible posible, tal como establece a su vez la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, sea esta la concesión privada, la gestión directa por parte de las administraciones públicas, o la mixta. No quieren competencia, no hay lugar a que gane el mejor, sea éste quien sea. Los criterios son otros, fruto del prejuicio ideológico y no del beneficio ciudadano.
No se puede establecer como principio el impulso y priorización de la gestión pública de un servicio público si ésta no es la mejor forma de prestar dicho servicio. Yo viví cuatro años en Dublín, el paradigma de la gestión pública –y gratuita– del agua. Vivía en un barrio relativamente céntrico en el sur de la ciudad y podíamos tener entre 4 y 8 cortes de agua al año, que en alguna ocasión llegó a durar más de cinco días –y esto en la llamada isla verde–. En mi urbanización, que era nueva, teníamos dos redes, la que llegaba al grifo de la cocina, que no siempre era potable –publicaban periódicamente avisos al respecto– y el resto, que directamente no era potable y se sustentaba en redes de plomo del siglo XIX. El consumo medio diario de agua por persona superaba los 500 litros –debido a las enormes pérdidas de una red sin mantenimiento, la menos eficiente del mundo–, que contrasta, por ejemplo, con los poco más de 100 litros de Barcelona –la más eficiente–, gestionada por una empresa mixta, sin ir más lejos.
Ni en Extremadura ni en el resto de España podemos permitirnos esos despilfarros. No enterremos a las generaciones futuras. Aún hay tiempo para incorporar a esta ley criterios de racionalidad y sostenibilidad económica, técnica y financiera, junto a principios de eficiencia y eficacia. Que sea una ley para los ciudadanos, no para los profesionales de la política.