El Supremo retrata la rendición de Sánchez

El auto dictado ayer por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena para incorporar los efectos de la reforma legal que suprimió el delito de sedición a la orden internacional de detención del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, muestra las graves consecuencias de la misma. El desandamiaje del Estado de Derecho perpetrado por el Gobierno a imposición de sus socios separatistas impedirá que el máximo responsable de la frustrada intentona golpista de 2017 pueda ser juzgado por tratar de subvertir el orden constitucional y estatutario. Aunque la portavoz gubernamental, Isabel Rodríguez, volvió a defender ayer que la nueva figura penal de “desórdenes agravados” es aplicable a lo sucedido en el procés, la resolución de Llarena no deja lugar a dudas: el nuevo marco legal “se acerca a la despenalización”. Por tanto, Puigdemont y los dos exconsejeros que permanecen huidos de la Justicia, Toni Comin y Lluís Puig, sólo podrán ser procesados por los delitos de malversación y desobediencia. Basándose en este mismo criterio, las defensas de los ex altos cargos autonómicos que fueron condenados por el Supremo van a pedir su absolución y, en consecuencia, que sean indemnizados por el tiempo que pasaron en la cárcel. La rendición humillante de las armas jurídicas del Estado concedida por Sánchez a los separatistas catalanes para mantenerse en el poder no sólo dinamita la credibilidad internacional de la Justicia española. También va a salirle muy cara a todos los españoles y ha vuelto a envalentonar al independentismo, que ahora le reclama un referéndum legal y la amnistía.