Contrarrestar la fuga de patrimonios

Compensar con nueva inversión la que se puede perder por el llamado Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas, un tributo estatal de nuevo cuño que gravará la riqueza neta superior a 3,7 millones y que afecta de lleno a Madrid y, desde hace unos meses, también a Andalucía, las dos únicas regiones que bonifican al 100% el Impuesto de Patrimonio. Este es el leitmotiv de la medida anunciada ayer por Díaz Ayuso, un mensaje económico pero con marcado carácter político ante la inminencia de las elecciones autonómicas y municipales y que confronta dos modelos fiscales completamente opuestos: el del alivio fiscal que defienden Madrid y el PP, y el de subidas de impuestos que preconiza el Gobierno de Pedro Sánchez. Ayuso ha advertido de que el nuevo tributo a la riqueza puede provocar la fuga de Madrid de 13.000 contribuyentes cuya recaudación por IVA e IRPF asciende a más de 5.000 millones. Además del éxodo de patrimonios ya existentes, el nuevo gravamen puede inhibir la llegada de nueva inversión extranjera, pérdida que Madrid estima entre 1.200 y 1.600 millones al año, y restar más de 1.400 millones al PIB madrileño, perjudicando la creación de empleo. La deducción del 20% anunciada ayer en la cuota autonómica del IRPF para nuevas inversiones pretende minimizar este impacto negativo. Así, el gobierno madrileño calcula que por cada 1.000 millones de nueva inversión que se logre atraer se generarían cerca de 13.000 puestos de trabajo y se sumarían 886 millones al PIB regional, elevando la recaudación vía impuestos en unos 125 millones gracias al aumento de cotizaciones y el mayor consumo. Además, aportaría recursos frescos a las compañías ya radicadas en Madrid “que buscan inversores para poder expandir sus negocios”.