La ayuda europea adjudicada se limita a 13.760 millones, según Fedea

‘NEXT GENERATION’/ Los fondos comunitarios ejecutados, que no desembolsados, por el Estado se limitan al 0,96% del PIB, y llegan al 1,5% sumando a las CCAA, lo que supone un 40% del ritmo esperado.

Fedea urge al Gobierno a pedir a Bruselas más plazo para ejecutar los fondos de la UE

Ve “sobrevalorada” la capacidad del país para “absorber con rapidez niveles de inversión tan altos”

En la ejecución de las ayudas europeas que alimentan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el 2022 ha sido un ejercicio fundamental en el que “se acelera el despliegue de las inversiones, pero con ciertas dificultades en convocatorias clave y a un ritmo muy inferior al inicialmente previsto”, alerta la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). “En retrospectiva”, concluye, como país “parece claro que hemos sobrevalorado nuestra capacidad de absorber con rapidez niveles de inversión tan elevados como los previstos en el Plan de Recuperación”. En consecuencia, advierte, “habrá que ver qué se puede hacer para acelerar su ejecución, pero seguramente convendría priorizar la negociación de una ampliación de los plazos relevantes con el fin de asegurar el buen aprovechamiento de una oportunidad histórica”, pues el ritmo actual de ejecución hace temer que España no logre aprovechar plenamente los 164.000 millones de euros que le ha asignado la Unión Europea entre ayudas directas y créditos blandos. De momento, calcula Fedea, el Estado solo ha adjudicado de forma efectiva unos 13.760 millones, y aun sumando la labor de las autonomías se avanza a un tercio del ritmo previsto.

España, recuerda Fedea en su último boletín de Seguimiento de las reformas e inversiones del Plan de Recuperación, tiene hasta el 31 de agosto de 2026 para cumplir los hitos y objetivos comprometidos con Bruselas, en forma de reformas e inversiones, a cuenta tanto de los 69.500 millones en transferencias inicialmente asignadas como de los 94.000 millones adicionales entre ayudas y préstamos que ultima solicitar a través de una adenda.

Se trata de un objetivo temporal que a juicio de Ángel de la Fuente, director de Fedea, no será fácil de cumplir, pese a que Bruselas acaba de aclarar que hasta entonces no habrá exigencias globales de cumplimiento, como el reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia hacía temer a muchos. La norma exige, concretamente que los fondos del programa Next Generation queden comprometidos al 70% al cierre de 2022 y al 100% al término de 2023, si bien ante las dudas suscitadas Fedea elevó una consulta informal a la Comisión Europea que matiza que ese requisito se exigirá a Bruselas para el conjunto del programa, pero no a cada uno de los países individualmente.

De momento, estima Fedea, desde el arranque del Plan de Recuperación en verano de 2021 España ha puesto en marcha, mediante convocatorias de ayudas, licitaciones de proyectos o transferencias a comunidades autónomas, “casi el 70% del gasto originalmente previsto”, con una “tasa de arranque del 23% por semestre”. Un buen dato en el que destacan los recursos movilizados para impulsar los grandes proyectos estratégicos de colaboración público-privada, los Perte, que han pasado de 6.650 millones en junio de 2022 a 12.300 millones a final de año.

Sin embargo, una cosa es la movilización inicial de recursos y otra su grado de ejecución real, como demuestran

“las dificultades para atraer suficientes solicitudes de calidad para agotar las ayudas disponibles” en proyectos como los Perte.

En términos de ejecución presupuestaria, concede Fedea, “el balance es bueno”, con tasas de uso de los fondos previstos del 85% en 2021 y posiblemente similares en 2022, a la espera de conocer el impacto del “habitual sprint de ejecución de diciembre”. “En muchos casos, sin embargo, esto sólo quiere decir que esos recursos han iniciado el viaje hacia su destino final, lo que puede implicar varias transferencias entre administraciones” antes de llegar a su gestor definitivo. “Conviene, por tanto, distinguir entre la ejecución provisional y la ejecución definitiva o gasto final de los fondos”, es decir, “los pagos a los destinatarios finales de las ayudas o a las empresas ejecutoras”, expone Fedea, que critica que en este terreno hay “información muy limitada”. Su estimación es que la tasa de ejecución definitiva fue del 27% en 2021 y del 11% entre enero y noviembre de 2022, a lo habría que sumar los datos de diciembre y la gestión autonómica.

Llegada a la economía real

Fedea considera que un dato que arroja luz sobre las ayudas que “están llegando a sus destinatarios finales” es el de las convocatorias y licitaciones resueltas por la Administración general del Estado y sus empresas dependientes, que hasta la fecha asciende a un volumen total adjudicado (“no necesariamente desembolsado”) de 13.757 millones (el 0,96% el PIB de 2021). Sumados los recursos adjudicados por las autonomías, el monto asciende a entre el 1,14% y el 1,55% del PIB, frente a los 4 puntos marcados como objetivo, lo que implica un caudal de adjudicación real que se sitúa entre los 0,6 y los 0,8 puntos de PIB al año, “un ritmo de en torno al 30%40% de lo esperado en su día”.

Dado el panorama, Fedea insta al Gobierno a impulsar cuanto antes una negociación con Bruselas para tratar de ampliar el plazo de ejecución. Desde la Comisión Europea, sin embargo, consideran que el límite de 2026 “sería muy difícil de cambiar”, pues exigiría modificar también la autorización de la Comisión para emitir deuda conjunta, lo que requiere unanimidad en el Consejo de la UE, así como la ratificación por todos y cada uno de los Estados miembros, con el aval de sus respectivos Parlamentos.