Las cargas al comercio cuestan un 0,8% del PIB, según el IEE

INFORME/ Alerta del “exceso normativo” y subraya que añade 1,7 puntos al IPC y cuesta hasta 88.000 puestos de trabajo.

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) alerta de las altas cargas regulatorias del comercio en España. Los expertos del IEE estiman que el “exceso normativo” del sector en España cuesta un 0,8% del PIB, añade 1,7 puntos al IPC y resta hasta 88.000 puestos de trabajo.

Así lo destaca el informe presentado ayer por Íñigo Fernández de Mesa, presidente del IEE, y Gregorio Izquierdo, director general del Instituto. El documento concluye que “España tiene una regulación peor que la de nuestro entorno, ocupando la posición 27 de 38 países, situándose la misma del orden de un 15% por debajo del promedio de la UE”.

Según el IEE, la pérdida de bienestar que supone para la economía española la “deficiente calidad institucional” en la regulación del comercio, en uno de los sectores donde estos problemas son especialmente relevantes, supone el 0,8% del PIB. “La supresión de estas disfunciones podría aumentar la renta familiar por hogar al año en un orden de 470 euros”, indica el documento.

Por otra parte, el IEE estima que, si la mejora de la calidad institucional supone una reducción de los costes –y, por lo tanto, una palanca de reducción de los precios al consumo–, podría suponer una reducción de hasta 1,7 puntos del IPC, “circunstancia que sería especialmente beneficiosa en la actual coyuntura económica”, según el informe. “Esta reducción de costes podría suponer un aumento significativo en la inversión en el sector y un incremento del número de empleos en el sector que se ha estimado en 88.000 personas”, apunta el IEE. “Además, hay que señalar que la mejora de la Calidad Institucional no solo mejora la renta de las familias y el desempeño del sector, sino que también se ha estimado que puede suponer un aumento de la recaudación tributaria de 870 millones de euros al año”, añade.

Entre las áreas en las que la legislación española está peor situada, el IEE cita los trámites relativos a la lentitud y dificultad de concesión de licencias. “Las principales trabas son la pérdida de tiempo para acceder a la normativa urbanística municipal, los retrasos en las Licencias de Obra y de Apertura, y la existencia de una excesiva arbitrariedad en la concesión de estas últimas.

A esto, en los últimos años se han sumado las exigencias medioambientales que han terminado por convertirse en obstáculos de muy compleja solución”, subraya el documento.

Por otra parte, los especialistas también advierten de los costes operativos, de aprovisionamientos y de gestión. “Engloban toda una serie de ineficiencias relativas a los trámites aduaneros y a la distribución urbana de mercancías”, dicen. Además, critican la gestión de residuos.

Otro de los asuntos que genera disfunciones, según el IEE, es el hurto multirreincidente. “Los costes que tiene que soportar el sector como consecuencia del problema del hurto multirreincidente, las consecuencias de los abusos en las prácticas de devoluciones, y los problemas que se plantean a raíz de los abusos y el fraude asociado a las reseñas en comercio electrónico”, explica el informe.

“La mejora de la calidad institucional derivada de la supresión de estas disfunciones puede suponer un ahorro de costes del orden de 8.840 millones de euros que en su mayor parte se explicarían por la posible reducción de costes operativos y de gestión y por la mejora de la regulación en materia de envases y normativa medioambiental”, concluye el IEE.

El documento calcula que eliminar las disfunciones supondría un ahorro de 8.840 millones