¿Cuándo debe pagar las gafas de un empleado una compañía?
La directiva sobre seguridad y salud relativas a las labores con pantallas indica que las empresas tienen que proteger a sus trabajadores.
Un trabajador tuvo que cambiar de gafas para corregir la disminución de su agudeza visual
Los trabajos de oficina, y sobre todo aquellos que exponen a los empleados al uso prolongado de pantallas, pueden terminar afectando a la vista de estos asalariados. De hecho, muchos de ellos tienen pérdida de visión que deben solventar con lentes correctoras. Sin embargo, y ante este tipo de situaciones: ¿deben las empresas o la Administración hacerse cargo del pago de estas gafas?
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acaba de resolver un asunto directamente relacionado con este tema. En este caso, un empleado de la Inspección General de Inmigración del departamento de Cluj (Rumanía), que trabaja con equipos que incluyen pantallas, sostenía que estos sistemas de visualización, junto con otros factores de riesgo, como la luz visible discontinua, la falta de luz natural y la sobrecarga neuropsíquica, le habían provocado un importante deterioro de su vista. Por lo tanto, siguiendo la recomendación de un médico especialista, tuvo que cambiar de gafas graduadas para corregir la disminución de su agudeza visual.
Como el Sistema Nacional de Sanidad rumano no contemplaba el reembolso de la * cantidad de 2.629 leus rumanos –aproximadamente 530 euros–, correspondiente al coste de las gafas graduadas (lentes, montura y mano de obra), el trabajador solicitó a la Inspección General que le reembolsara dicha cantidad, algo que le fue denegado.
Tras presentar un recurso ante el Tribunal de Distrito de Cluj, y volver a perderlo, el caso llegó a las manos del Tribunal Superior, que envió varias cuestiones prejudiciales al TJUE sobre cómo debe interpretarse la expresión “dispositivo corrector especial” del artículo 9 de la directiva europea 90/270 y si esta frase está relacionada con las gafas o no, si se trata de un instrumento usado exclusivamente en el lugar y las horas de trabajo y de cómo debe entenderse la obligación de proporcionar un dispositivo corrector especial por parte de un empleador o organismo de la Administración.
La corte europea resuelve el asunto de manera tajante y apoya indirectamente las aspiraciones del trabajador, aunque deja en manos del tribunal nacional la resolución del caso. El TJUE indica de inicio que para interpretar una disposición del Derecho de la Unión, han de tenerse en cuenta no sólo su tenor, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forme parte.
El tribunal prosigue indicando que la expresión “dispositivos correctores” sustituyó al término “gafas” que aparecía en los textos preliminares de la normativa, por lo que estos sistemas correctores “deben interpretarse en sentido amplio, de forma que no sólo se refieren a las gafas, sino también a otros tipos de dispositivos que pueden corregir o prevenir trastornos de la vista”, explica el fallo.
El TJUE apunta que aunque no le corresponde resolver el asunto, sino que es el órgano jurisdiccional remitente quien lo debe hacer, este último debería comprobar si las gafas graduadas en cuestión sirven efectivamente para corregir los trastornos de vista relacionados con el trabajo del empleado y no con problemas de vista de carácter general que no necesariamente guardan relación con las condiciones de trabajo.
En cuanto al coste, el TJUE afirma que el reembolso por parte del empresario del dispositivo corrector especial adquirido es conforme con el objetivo de la directiva 90/270, puesto que garantiza un mayor nivel de protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores.
Por último, insiste en que los apartados 3 y 4 del artículo 9 de dicha directiva señalan que, “en tanto en cuanto se pretende garantizar que se proporcionen a los trabajadores, sin carga financiera alguna, dispositivos correctores especiales en caso de que resulten necesarios, puede alcanzarse, bien directamente –mediante la entrega de tal dispositivo al trabajador afectado por parte del empresario– o indirectamente, mediante el reembolso del coste de dicho dispositivo por parte del empresario, pero no mediante el abono al trabajador de un complemento salarial de carácter general”.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea apoya las pretensiones del asalariado