Los planes del Gobierno en 2023: de blindar a Hacienda a patentes de chips
PLAN NORMATIVO ANUAL/ El Ejecutivo prevé reformar la reclamación patrimonal al Estado, crear ‘start up’ de prueba para estudiantes, ayudas a la industria y cubrirse por si acaba lanzando un nuevo Presupuesto.
El Gobierno ha querido dejar plasmada en negro sobre blanco su hoja de ruta para 2023, detallando en el Plan Anual Normativo los compromisos, iniciativas legislativas y reglamentarias que prevé impulsar durante el año natural antes de despedir la legislatura. El documento, aprobado por el Consejo de Ministros del martes, anticipa que la intención del Ejecutivo es abordar un nuevo blindaje para Hacienda contra las reclamaciones de los contribuyentes, impulsar la industria, fortalecer las patentes de chips para atraer al sector internacional, o cubrirse las espaldas ante la posibilidad de acabar impulsando un nuevo Presupuesto.
El Plan Anual Normativo para 2023, de 70 páginas, recoge un total de 117 iniciativas normativas, de las que tres son leyes orgánicas (contra la explotación de seres humanos, la evaluación de la edad en los procedimientos penales y el derecho de defensa), 33 son leyes ordinarias y 81 son reales decretos. Casi un tercio de todas las iniciativas, un total de 36 (el 31% del total), están relacionados con el desarrollo del Plan de Recuperación que sufraga la ayuda europea. Los Ministerios más prolíficos son los de Transición Ecológica y Reto Demográfico (22 medidas); Asuntos Económicos (18) y Justicia (12) y 35 de los proyectos (el 30%) adaptan la legislación española a la europea, incluyendo la transposición de 27 directivas comunitarias. Estas son las medidas más destacadas en el ámbito económico:
Una de las prioridades del Ministerio de Hacienda para 2023 es reformar el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, que fue tumbado por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) el pasado junio, para rearmar el escudo del país ante las reclamaciones de contribuyentes y ciudadanos afectados por la normativa irregular aprobada por los distintos Gobiernos. El TJUE tumbó las excesivas trabas introducidas en 2015, despejando el terreno a reclamar, por ejemplo, por las sanciones anuladas del modelo 720 de declaración de bienes en el extranjero. Hacienda matiza que la reforma dependerá del “coste o ahorro presupuestario” que calcule que pueda generar al Estado el nuevo diseño del blindaje.
Sorprendentemente, el Plan también contempla el impulso de una Ley de Presupuestos Generales del Estado que siente las bases de la política económica y presupuestaria para 2024. La ministra María Jesús Montero viene asegurando que, salvo que el presidente del Gobierno acabe ordenándole otra cosa, descarta presentar un nuevo proyecto presupuestario dado que ante la cercanía de las Elecciones Generales –previstas para finales de año– prefiere dejar que sea el nuevo Ejecutivo que salga de las urnas el que diseñe las Cuentas Públicas del próximo año. La mención del Plan busca, por tanto, cubrir las espaldas del Ejecutivo ante un cambio de opinión y, sobre todo, evitar acusaciones de incumplimiento del artículo 134 de la Constitución Española,
que lo mandata a presentar Presupuesto cada año.
Hacienda también prevé modernizar el reglamento general de actuaciones y procedimientos de inspección tributaria; impulsar la regulación europea que fija el intercambio automático obligatorio de información para operadores de plataformas; modernizar la lucha contra el comercio ilícito de tabacos; o culminar la directiva europea Atad I, que limita la deduciblidad de los intereses de créditos intragrupos en el Impuesto de Sociedades.
Uno de los objetivos prioritarios que el Gobierno se ha fijado para este año es completar la aplicación de la Directiva europea relativa a la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, cuyo incumplimiento le acaba de valer un expediente de la Comisión Europea, que le da 2 meses para corregir la situación. La asignatura pendiente es la creación del Registro
de Titularidades Reales, que permita identificar la propiedad de las empresas con información actualizada y que Justicia, que lleva meses trabajando el asunto con notarios y registradores, prevé solventar por real decreto.
A su vez, Hacienda impulsará la regulación europea dirigida a establecer el intercambio automático obligatorio de información por parte de los operadores de plataformas; aprobar la ley de transparencia e integridad en las actividades de los grupos de interés, para regular los lobbies; y desarrollar la Agencia estatal de Evaluación de Políticas Públicas.
El Ministerio de Trabajo prevé impulsar un nuevo alza del salario mínimo para 2024 (ver página 24); desarrollar el estatuto de prácticas formativas en empresas; trasponer la directiva de condiciones laborales transparentes; actualizar las sanciones por impago de cuotas sociales; y desarrollar el Mecanismo RED, los nuevos ERTE. Hacienda y
Función Pública, a su vez, impulsará el Estatuto Básico del Empleado Público, y regulará el teletrabajo y la digitalización en la Administración.
Con el objetivo de convertir España en un polo de desarrollo y fabricación de chips (a lo que se destinarán 12.250 millones de euros de los fondos europeos), el Gobierno prevé reforzar el sistema de patente y diseño de semiconductores y alterar sus tasas.
En paralelo, el Ejecutivo prevé impulsar una ley de reindustrialización del país, paquetes de ayudas a la descarbonización, el desarrollo del hidrógeno verde y otras energías renovables.
El Gobierno también planea impulsar infraestructuras de conexión con Europa y reforzar la seguridad jurídica de la planificación territorial y urbanística, para prevenir su anulación, y fijar reservas mínimas de gas y petróleo.
Economía prevé impulsar el estatuto de la start up de estudiantes, que les permita realizar prácticas que simulen la creación de una empresa real; crear un foro nacional de empresas emergentes y desarrollar la facturación electrónica.
Justicia prevé promover el desarrollo del estatuto de la administración concursal, profesionalizando su labor y asegurando su retribución, y adaptar el Registro público concursal para su interconexión con la plataforma europea. Economía creará una estadística concursal.
Justicia regulará las acciones colectivas de consumidores mientras Consumo promoverá el etiquetado en braille. Economía impulsará el desarrollo reglamentario de la Autoridad de Protección del Cliente Financiero. Además se prevé la creación del Observatorio Estatal de la Morosidad Privada; y un registro de ganado y otros animales que permita su trazabilidad.