Los fondos pedirán confiscar activos a España por los laudos impagados
CONFLICTO/ El Estado, ante las denuncias de los fondos, contrademanda a las empresas que han ganado los arbitrajes para exigir a la justicia de otros países que bloquee cualquier medida compensatoria.
Los inversores han comenzado ya a denunciar ante el FMI y las agencias de calificación de deuda
Los fondos e inversores internacionales estudian en estos momentos nuevas estrategias legales para conseguir cobrar los arbitrajes internacionales contra España que tienen ganados e impagados. Fuentes cercanas a estos inversores apuntan a que estas compañías analizan exigir a los tribunales estadounidenses, británicos o australianos que impongan al Reino de España medidas de confiscación de activos orientadas a asegurar los pagos. Esto puede afectar a todo tipo de activos, puesto que el plan puede ir contra cuentas financieras, pero también edificios, obras de arte y diferentes bienes, hasta que el Estado liquide su deuda por los pagos pendientes de los laudos.
El país ocupa el segundo puesto, solo por detrás de Venezuela, en número de decisiones impagadas. El importe asciende a los 700 millones de dólares, según el Informe sobre el cumplimiento del arbitraje, el tratado de inversión y los laudos 2022, elaborado por Investment Consulting. Los inversores más afectados han comenzado ya a denunciar los impagos ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las agencias de calificación de deuda.
Es la respuesta de los inversores a la ofensiva legal internacional que ha lanzado España
para intentar esquivar el pago de los arbitrajes –sobre todo en materia de renovables– que ha perdido en los últimos años. El Estado –consciente de la situación límite a la que ha llegado con los fondos y la comunidad inversora internacional, que reclama el pago de los laudos– ha iniciado una serie de demandas contra las empresas que han ganado estos arbitrajes.
La Abogacía del Estado reclama a la justicia de otros países que bloquee cualquier medida compensatoria. Entre los casos, está el que afecta a NextEra Energy, compañía a la que, según el laudo del CIADI, España debe resarcir con 291 millones de euros. Los servicios jurídicos del Estado han iniciado un proceso urgente en Holanda para evitar el pago.
Esta semana, medios británicos señalaron que dos fondos de capital riesgo –Infrastructure Services Luxembourg y Energía Termosolar– han presentado una demanda contra el Gobierno español para hacer cumplir un laudo de 101 millones de dólares, ganado en un caso de 2018, por su retirada de un sistema de primas para las inversiones en energías renovables. Aunque está previsto que los tribunales británicos revisen el caso en marzo, España ya ha solicitado la anulación del laudo.
España ha activado toda su maquinaria legal y política para sortear los pagos. Además de esta ofensiva legal, el Gobierno ha puesto en marcha la salida del Tratado de la Carta de la Energía, que establece el marco jurídico internacional para los pleitos. El sector energético es el principal afectado por el impago de los laudos.
España se ha enfrentado a más de 50 de estos litigios. Los inversores han reclamado al Estado daños y perjuicios por un total de más de 9.500 millones de dólares. La mayoría de los laudos impagados por parte del Estado español están relacionados con disputas derivadas del sector de las energías renovables y dictados en el marco del Tratado sobre la Carta de la Energía. Algunos laudos sobre energías renovables se resolvieron también en el marco de los tratados bilaterales de inversión dentro de la Unión Europea, invocando la normativa comunitaria. Las otras materias por las que España es demandada ante los tribunales arbitrales internacionales son banca, minería, construcción e industria.
Los inversores afectados proceden de diferentes lugares. Los países de la Unión Europea y Reino Unido están entre los Estados de origen más frecuentes de demandantes de arbitraje.
No todos los países son incumplidores de esta jurisdicción internacional. Entre los Estados miembros de la Unión Europea, hay varios ejemplos que ilustran que diferentes laudos dictados contra ellos han sido pagados o resueltos. Por ejemplo, Alemania resolvió recientemente el litigio del Tratado sobre la Carta de la Energía con Vattenfall, pagando 1.500 millones de dólares. Asimismo, Rumanía pagó la mayor parte del laudo del asunto Micula –250 millones de dólares–, con intereses, antes de que la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia europeo (TJUE) le ordenaran, incluso, no abonar estos importes.
Por otra parte, Hungría cumplió con los laudos de Sodexo y Edenred y pagó a los inversores. A principios de la década de 2000, Polonia resolvió su disputa con Achmea pagando en total 4.000 millones de dólares, parcialmente en acciones y en efectivo.
Sin embargo, el Informe sobre el cumplimiento del arbitraje considera que, a pesar de estos ejemplos, la tendencia general más reciente entre los países de la Unión Europea es negarse a pagar los laudos intracomunitarios emitidos contra ellos.
De esta forma, el documento subraya que los países “los impugnan sistemáticamente alegando que los órganos de la Unión Europea les prohíben pagar”. En la misma línea, el informe asevera que “la Comisión Europea interviene sistemáticamente como amicus curiae –es decir, como tercero ajeno al litigio– en los procedimientos de anulación”. El documento critica así el papel de Bruselas para evitar el reconocimiento y la ejecución de estos laudos arbitrales.