Piquetes violentos y blindados
Tomamos con naturalidad que la movilización sindical languidezca cuando gobierna la izquierda y se reactive cuando lo hace la derecha, como si la una salvaguardara los intereses de los trabajadores y la otra los quebrantara. Esto es evidentemente falso. Lo que sí es cierto es que cuando los sindicalistas vuelvan a las calles tras el posible cambio en los inquilinos de la Moncloa, lo harán gozando de un privilegio que les concedió el Gobierno actual: el blindaje de los piquetes violentos.
La idea de los “piquetes informativos” es, por supuesto, un puro sarcasmo, porque dichos piquetes no tienes funciones informativas sino coactivas, para lo cual no vienen tradicionalmente acompañados de comunicación sino de violencia. Y aquí se enfrentaban los piquetes a un enojoso inconveniente: la ley. En efecto, el Código Penal establecía penas de prisión que podían llegar a los tres años para los integrantes de piquetes que forzaran mediante la violencia a los trabajadores a secundar una huelga.
Esta protección laboral fue precisamente lo que el Gobierno de PSOE y Podemos se cargó hace ahora casi dos años, despenalizando los actos violentos de los piquetes durante las huelgas. Entonces no había demasiadas huelgas ni manifestaciones, pero algunos ya dieron la voz de alarma, anticipando lo que puede venir si cambian las cosas tras las próximas elecciones. EXPANSIÓN editorializó hablando de “atropello al marco laboral” y subrayó que la medida, al librar de la cárcel a los piquetes violentos, “supone en la práctica liquidar el derecho de los trabajadores a no hacer huelga”.
Eso sí, como informó César Urrutia en El Mundo, el Gobierno mantuvo intacta la normativa sobre “las penas a acciones que limiten el derecho a la huelga o la libertad sindical mediante engaño o coacción”. Su conclusión era clara: “Nada garantiza que con la retirada de los esquemas de protección sobre empresas y trabajadores la conflictividad laboral no repunte”.
En efecto, así es, y cabe esperar que los sindicalistas y la izquierda agite argumentos cochambrosos, aunque imaginativos, como el que se sostuvo entonces desde Unidas Podemos: “el piquete más efectivo es el de la patronal”.
Revisando la prensa, me encontré con una joya publicada en La Razón en marzo de 2021, a cargo del diputado del PP, Jaime Olano, que se opuso al cambio en el artículo 315 del Código Penal, porque protegía al trabajador que deseaba hacer huelga y también al que no. Pero en su argumentación, el señor Olano dejó caer una advertencia cuyos ecos en la actualidad revisten mucho interés. Criticó el trato de favor a los procesados por este delito, dado que se contemplaba la revisión de las sentencias, y alertó: “Esto es muy peligroso, mañana lo harán con independentistas condenados por sedición”.