Oferta ‘condicional’ de ACS y Acciona por la Ciudad de la Justicia
ÚLTIMA OPORTUNIDAD/ La renta de 58 millones anuales en 40 años no encaja en los esquemas financieros de los rivales.
La última oportunidad de la Comunidad de Madrid para adjudicar las obras de la Ciudad de la justicia depende de la capacidad de negociación del Gobierno regional con el consorcio formado por ACS y Acciona, que ha presentado una oferta “condicionada” para construir y explotar durante 40 años un complejo que aspira a agrupar en una sola sede judicial todos los juzgados de la capital.
Según las fuentes consultadas, ACS y Acciona aspiran a que, a partir de ahora, durante el periodo de negociación, el consejero de Justicia, Enrique López ( que no continuará en el PP tras las elecciones de mayo) acepte las mejoras de ambas constructoras. De lo contrario, el concurso de la Ciudad de la Justicia volverá nuevamente a quedar desierto.
En las últimas semanas, las autoridades han atendido alguna de las demandas de las empresas interesadas en la concesión. “Han sido cambios necesarios, pero insuficientes, ya que el problema de base es que la renta anual propuesta, de 58 millones lineales durante la vida de la concesión, no es financiable”, dicen las empresas que se retiraron del concurso.
Los bancos que han analizado la inversión calculan que para evitar déficits de explotación la renta debería elevarse a entre 70 millones de euros y 75 millones. La aportación está basada en un esquema de pago por disponibilidad, donde se establecen estándares que el concesionario debe cumplir para cobrar.
Los consorcios que analizaron el proyecto, entre los que han figurado FCC, OHLA con Azvi e, inicialmente, Ferrovial junto a Sacyr, transmitieron desde el principio que los números no encajaban porque las condiciones del pliego, el sistema de revisión de precios y la subrogación de personal, entre otros factores, suponían asumir un riesgo excesivo sobre un negocio de 2.100 millones de euros durante los 40 años de explotación.
Fuentes inmersas en las conversaciones reconocen que el Gobierno regional introdujo algunas mejoras. Entre ellas, destacan la eliminación de la garantía de licitación, la rebaja de las garantías de construcción, el pago de los impuestos de ITP e IBI, la libertad para la explotación de los espacios comerciales y ajustes en la fórmula de revisión de precios.
La Comunidad de Madrid también accedió a retirar de las obligaciones del concesionario sobre todo lo relacionado con los equipos informáticos, cuya responsabilidad se traslada a Madrid Digital.
Sin embargo, Madrid no accedió a flexibilizar la subrogación de los 335 empleados del área de vigilancia o del uso de las 3.000 plazas de párking reservadas a servicios judiciales. Según los expertos, en el capítulo laboral el sobrecoste estimado era de más de 20 millones de euros. La banca también vió con recelo el proyecto. Sabadell, Abanca, la corena KDB e ING mantuvieron conversaciones con las empresas pero sin garantizar financiación. Solo el BEI dijo que sí.
Bancos como Sabadell, ING, KDB y Abanca analizaron con muchas cautelas la inversión