Las empresas y el obligado canal de denuncias
El proyecto de ley del canal de denuncias se encuentra ya en su fase final de tramitación parlamentaria y las empresas tendrán que adaptarse en los próximos meses a esta nueva obligación de facilitar la denuncia de sus propias infracciones.
Se transcribe así a nuestro ordenamiento la directiva europea ‘whistleblowing’ relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Pero no sólo eso, también están contempladas dentro de ese paraguas de protección las denuncias o informaciones sobre infracciones laborales, de consumo, y las penales o administrativas, especialmente las que impliquen quebranto económico para la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Asimismo, tiene como finalidad fortalecer la cultura de la información, de las infraestructuras de integridad de las organizaciones y el fomento de la cultura de la información o comunicación como mecanismo para prevenir y detectar una amenaza al interés público.
La protección se aplicará tanto a los empleados públicos como a los trabajadores por cuenta ajena, autónomos, accionistas, partícipes, becarios, trabajadores en formación, contratistas, subcontratistas y proveedores, e incluso a sus representantes legales y a los que asistan a los informantes, compañeros de trabajo, familiares; es decir, a todos aquellos que pudieran sufrir represalias con ocasión de la acción informativa.
Para crear ese canal de denuncias, las empresas y los organismos públicos deberán implantar un sistema interno de información que permita, a todas las personas protegidas, comunicar información sobre las infracciones denunciables. Una de las características más reseñables de ese sistema interno de información es que permitirá efectuar la denuncia de forma completamente confidencial y anónima, sin perjuicio de la posibilidad de presentar comunicaciones por escrito e incluso verbalmente. Quizá ese anonimato sea precisamente la mejor salvaguardia de que las informaciones vertidas no sean motivo de ningún tipo de sanción o represalia.
En el sector privado están obligados a disponer de ese sistema interno de información las personas físicas o jurídicas que tengan contratados 50 ó más trabajadores. También las que, sin tenerlos, entren en el ámbito de aplicación de los actos de la Unión Europea en materia de servicios, productos y mercados financieros, prevención del blanqueo de capitales, seguridad del transporte y protección del medio ambiente. Incluso partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones que reciban fondos públicos. Dentro del sector público están obligados la Administración General del Estado, las de las comunidades autónomas y la Administración Local, cualquiera que sea el número de habitantes que la compongan. Universidades, corporaciones de Derecho público, Banco de España, Seguridad Social y fundaciones públicas también se ven afectados.
Para aplicar la nueva Ley de Protección del Informante se crea un nuevo organismo, la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que será la encargada de vigilar que todas aquellas empresas u organismos afectados cumplan con la implantación del canal de denuncias. El incumplimiento puede salir muy caro, con multas de hasta un millón de euros, así como la amonestación pública, la prohibición de obtener subvenciones e, incluso, la prohibición de contratar con el sector público. La norma recoge, no obstante, la posibilidad de exención o atenuación de las sanciones, siempre que se haya cesado en la comisión de la infracción, se coopere en la investigación y se repare el daño causado. Lo que podíamos considerar una modalidad de clemencia.
Como se ve, estará obligado un amplio universo de entidades. Ahora bien, la gestión del sistema interno de información se podrá llevar a cabo dentro de la propia entidad o acudiendo a un tercero externo, que deberá ofrecer garantías adecuadas de respeto a la independencia, la confidencialidad, la protección de datos y el secreto de las comunicaciones.
El canal de denuncias contribuirá a prevenir y reducir la corrupción y el fraude fiscal
Anonimato
La trascendencia y eficacia de la ley está muy relacionada con la protección del anonimato de quien denuncia en toda información o denuncia que se formule, sin perjuicio de la posibilidad de aportar pruebas escritas, de audio o de vídeo, que complementen y afiancen la información vertida. Además, es necesario que el diálogo que se lleve a cabo con el instructor del expediente también tenga esa condición de anonimato, salvo que el informante decida otra cosa.
El canal de denuncias contribuirá a prevenir y reducir la corrupción y el fraude fiscal, pero para ello es necesario que las empresas e instituciones cuenten con herramientas ágiles y confiables y que se desarrolle de forma eficaz la Autoridad Independiente de Protección del Informante para que los denunciantes se sientan seguros, pero al mismo tiempo se impidan acusaciones falsas que dañen a nuestro tejido empresarial y menoscaben el recto objetivo de la norma.