El Congreso aprueba los acuerdos fiscales con País Vasco y Navarra
ADAPTACIÓN A LOS NUEVOS IMPUESTOS/ La Cámara Baja rechaza las enmiendas totales de Cs y Vox y avala adaptar los convenios forales a los nuevos tributos a banca, energéticas, fortunas o plásticos de un uso.
El Congreso dio luz verde ayer a la actualización de los acuerdos fiscales con País Vasco y Navarra. Una infrecuente alineación del PP junto a PSOE, Unidas Podemos y los habituales socios parlamentarios del Gobierno permitió tumbar holgadamente los intentos de bloqueo presentados por Vox y Cs, lo que supuso blindar el diseño del cupo vasco para el periodo 2022 a 2026 que regirá, por tanto, durante la próxima legislatura. A su vez, la Cámara Baja aprobó la reforma de los marcos fiscales forales para adaptar los acuerdos con ambos territorios a la creación de los nuevos impuestos a entidades financieras, compañías energéticas, grandes fortunas o plásticos de un solo uso.
Los tres proyectos de ley, tramitados por el procedimiento de urgencia con los votos de PSOE, PP y PNV, recibieron 273 votos a favor, 60 en contra y tres abstenciones. El apoyo explícito del principal partido de la oposición permitió rechazar sin tensiones las enmiendas a la totalidad presentadas por Vox y Cs, que tildaron los nuevos acuerdos fiscales con los territorios forales de “estafa”. Los tres textos fueron remitidos al Senado, donde continuará su tramitación, si bien los apoyos recibidos parecen garantizar su aprobación definitiva sin cambios.
La primera de las normas aprobadas busca la incorporación al Convenio Económico de Navarra de los nuevos tributos aprobados a escala nacional, concertando el impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables, el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas o los gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, por los que la región espera ingresar 104 millones en dos años.
De la misma forma, la segunda iniciativa modifica el concierto económico vasco para adaptarlo a la regulación del impuesto especial sobre los envases de plástico de un solo uso, el tributo sobre los gases fluorados de efecto invernadero, el de depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos y el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas. El acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y el País Vasco incluye el traspaso de la gestión del tributo a los contribuyentes más acaudalados, pero no los de banca y energéticas, por los que la región recibirá unos 400 millones en los dos años que estén en vigor.
Finalmente, el tercer proyecto de ley aprobado establece la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2022 a 2026. La norma fija que el cupo líquido del año base correspondiente a este periodo “se determinará por la aplicación del índice de imputación al importe total de las cargas no asumidas por la comunidad autónoma y mediante la práctica de los correspondientes ajustes y compensaciones”. El resultado, un cálculo definido en la Comisión Mixta entre el Gobierno central y el vasco, es que la cuantía que el País Vasco abonará anualmente al Estado para financiar los servicios centralizados que recibe ascenderá a unos 1.472 millones de euros, cifra que, según recoge Europa Press, se sitúa en línea con los ejercicios anteriores.
Los proyectos fueron defendidos por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, que planteó la actualización de los acuerdos económicos como una necesidad que emana de la Constitución Española.
“Nosotros evidentemente reconocemos que están reconocidos en la Constitución. Pero lo que no es constitucional es el chanchullo del negocio del cupo vasco, que no es un cálculo. Por eso, les anuncio que ninguno de los diputados que suba hoy aquí a atacarnos podrá explicar de dónde salen los 1.467 millones. Porque no lo sabe ni usted, señora Montero. Porque no lo puede justificar”, atacó a su vez la líder de Cs, Inés Arrimadas. Vox, por su parte, acusó al Gobierno de “pisotear la Carta Magna”, en “complicidad” con el bipartidismo, para propiciar un “paripé”.
Pese al apoyo del PP a los acuerdos, su diputado Gabriel Elorriaga aprovechó el grueso de su intervención para criticar la política fiscal del Gobierno, que tachó de “chapuza”, “disparate” y “voracidad recaudatoria”. Podemos, a su vez, dio apoyo a los textos pero también quiso pedir “más transparencia” e instó a “sacar el cupo de los despachos, alejarlos de los intereses partidistas” y hacer un esfuerzo para “ser capaces de explicarlo a la ciudadanía de una manera clara”. Para Idoia Sagastizabal, del PNV, las enmiendas a la totalidad de Vox y Cs “demuestran su desconocimiento y poco rigor”, mientras que Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, dijo que “tener que seguir negociando el traspaso de competencias o la concertación de nuevos impuestos demuestra la situación de dependencia del Estado”.
En paralelo, recoge Efe, tanto BNG como Compromís aprovecharon el debate para reclamar la necesidad de reimpulsar una reforma del sistema de financiación autonómica de las comunidades de régimen común.
Por su parte, el Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu, se mostró “contento” por el apoyo recibido, aunque acusó a Vox y Cs de “tratar de utilizar el concierto y el cupo de manera electoral”. “Es una falta de respeto, pero estando como estamos en mitad de campaña, es aceptable”, dijo, en referencia al efecto de los comicios autonómicos y locales de mayo y los nacionales previstos a finales de año.
El PP se une a PSOE y Podemos para atar el diseño del cupo vasco que regirá hasta 2026