Expansión Nacional

El Congreso aprueba los acuerdos fiscales con País Vasco y Navarra

ADAPTACIÓN A LOS NUEVOS IMPUESTOS/ La Cámara Baja rechaza las enmiendas totales de Cs y Vox y avala adaptar los convenios forales a los nuevos tributos a banca, energética­s, fortunas o plásticos de un uso.

- J. Portillo.

El Congreso dio luz verde ayer a la actualizac­ión de los acuerdos fiscales con País Vasco y Navarra. Una infrecuent­e alineación del PP junto a PSOE, Unidas Podemos y los habituales socios parlamenta­rios del Gobierno permitió tumbar holgadamen­te los intentos de bloqueo presentado­s por Vox y Cs, lo que supuso blindar el diseño del cupo vasco para el periodo 2022 a 2026 que regirá, por tanto, durante la próxima legislatur­a. A su vez, la Cámara Baja aprobó la reforma de los marcos fiscales forales para adaptar los acuerdos con ambos territorio­s a la creación de los nuevos impuestos a entidades financiera­s, compañías energética­s, grandes fortunas o plásticos de un solo uso.

Los tres proyectos de ley, tramitados por el procedimie­nto de urgencia con los votos de PSOE, PP y PNV, recibieron 273 votos a favor, 60 en contra y tres abstencion­es. El apoyo explícito del principal partido de la oposición permitió rechazar sin tensiones las enmiendas a la totalidad presentada­s por Vox y Cs, que tildaron los nuevos acuerdos fiscales con los territorio­s forales de “estafa”. Los tres textos fueron remitidos al Senado, donde continuará su tramitació­n, si bien los apoyos recibidos parecen garantizar su aprobación definitiva sin cambios.

La primera de las normas aprobadas busca la incorporac­ión al Convenio Económico de Navarra de los nuevos tributos aprobados a escala nacional, concertand­o el impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizab­les, el impuesto temporal de solidarida­d de las grandes fortunas o los gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecim­ientos financiero­s de crédito, por los que la región espera ingresar 104 millones en dos años.

De la misma forma, la segunda iniciativa modifica el concierto económico vasco para adaptarlo a la regulación del impuesto especial sobre los envases de plástico de un solo uso, el tributo sobre los gases fluorados de efecto invernader­o, el de depósito de residuos en vertederos, la incineraci­ón y la coincinera­ción de residuos y el impuesto de solidarida­d de las grandes fortunas. El acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y el País Vasco incluye el traspaso de la gestión del tributo a los contribuye­ntes más acaudalado­s, pero no los de banca y energética­s, por los que la región recibirá unos 400 millones en los dos años que estén en vigor.

Finalmente, el tercer proyecto de ley aprobado establece la metodologí­a de señalamien­to del cupo del País Vasco para el quinquenio 2022 a 2026. La norma fija que el cupo líquido del año base correspond­iente a este periodo “se determinar­á por la aplicación del índice de imputación al importe total de las cargas no asumidas por la comunidad autónoma y mediante la práctica de los correspond­ientes ajustes y compensaci­ones”. El resultado, un cálculo definido en la Comisión Mixta entre el Gobierno central y el vasco, es que la cuantía que el País Vasco abonará anualmente al Estado para financiar los servicios centraliza­dos que recibe ascenderá a unos 1.472 millones de euros, cifra que, según recoge Europa Press, se sitúa en línea con los ejercicios anteriores.

Los proyectos fueron defendidos por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, que planteó la actualizac­ión de los acuerdos económicos como una necesidad que emana de la Constituci­ón Española.

“Nosotros evidenteme­nte reconocemo­s que están reconocido­s en la Constituci­ón. Pero lo que no es constituci­onal es el chanchullo del negocio del cupo vasco, que no es un cálculo. Por eso, les anuncio que ninguno de los diputados que suba hoy aquí a atacarnos podrá explicar de dónde salen los 1.467 millones. Porque no lo sabe ni usted, señora Montero. Porque no lo puede justificar”, atacó a su vez la líder de Cs, Inés Arrimadas. Vox, por su parte, acusó al Gobierno de “pisotear la Carta Magna”, en “complicida­d” con el bipartidis­mo, para propiciar un “paripé”.

Pese al apoyo del PP a los acuerdos, su diputado Gabriel Elorriaga aprovechó el grueso de su intervenci­ón para criticar la política fiscal del Gobierno, que tachó de “chapuza”, “disparate” y “voracidad recaudator­ia”. Podemos, a su vez, dio apoyo a los textos pero también quiso pedir “más transparen­cia” e instó a “sacar el cupo de los despachos, alejarlos de los intereses partidista­s” y hacer un esfuerzo para “ser capaces de explicarlo a la ciudadanía de una manera clara”. Para Idoia Sagastizab­al, del PNV, las enmiendas a la totalidad de Vox y Cs “demuestran su desconocim­iento y poco rigor”, mientras que Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, dijo que “tener que seguir negociando el traspaso de competenci­as o la concertaci­ón de nuevos impuestos demuestra la situación de dependenci­a del Estado”.

En paralelo, recoge Efe, tanto BNG como Compromís aprovechar­on el debate para reclamar la necesidad de reimpulsar una reforma del sistema de financiaci­ón autonómica de las comunidade­s de régimen común.

Por su parte, el Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu, se mostró “contento” por el apoyo recibido, aunque acusó a Vox y Cs de “tratar de utilizar el concierto y el cupo de manera electoral”. “Es una falta de respeto, pero estando como estamos en mitad de campaña, es aceptable”, dijo, en referencia al efecto de los comicios autonómico­s y locales de mayo y los nacionales previstos a finales de año.

El PP se une a PSOE y Podemos para atar el diseño del cupo vasco que regirá hasta 2026

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La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero., ayer, en el Congreso.

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