El ajuste de la deuda es ahora más necesario

La consolidación pendiente de los abultados niveles de deuda pública española tras la pandemia y la crisis energética deberá superar importantes obstáculos. De un lado, el acelerado envejecimiento de la población, que disparará todavía más el gasto público en sanidad y en pensiones durante los próximos años. Del otro, un entorno macroeconómico y de tipos de interés menos propicio para los países con elevadas tasas de endeudamiento, como el nuestro. A falta de un ajuste fiscal planificado como el que vienen reclamando al Gobierno sin éxito varios organismos independientes, los últimos cálculos del Banco de España sitúan el nivel de endeudamiento por encima del 130% del PIB en el año 2040. Si bien es cierto que los ingresos excepcionales derivados de la histórica inflación (31.000 millones de euros más que en 2021) permitieron el año pasado reducir en cinco puntos el peso de la deuda sobre el PIB, hasta el 113,1%, cerca de la meta prevista para el cierre del actual ejercicio, el Ejecutivo no ha aprovechado este viento de cola para acelerar el ajuste, como sí hicieron muchos países de la zona euro, priorizando en cambio el aumento del gasto público en subsidios y dádivas electoralistas.

Pero será inevitable mantener una mayor disciplina fiscal en los próximos meses ante la previsión de que los ingresos del

Estado se desaceleren por el crecimiento económico, así como por el endurecimiento de las condiciones financieras en la zona euro. La reciente advertencia del BCE de que deberá mantener los tipos de interés elevados durante más tiempo del previsto para que la inflación se sitúe cerca del objetivo al menos en 2024 apremian a un cambio de estrategia. Una mayor prudencia fiscal también contribuiría a mejorar el crédito de nuestra economía ante los inversores internacionales. Cabe recordar que la actual calificación crediticia de la deuda pública española, que condiciona los niveles de rentabilidad exigidos a las empresas en sus emisiones, ha sido una de las razones esgrimidas por Ferrovial para tomar la decisión de trasladar su sede fiscal a Países Bajos, donde los costes de obtener financiación en los mercados son sensiblemente inferiores al ostentar el ráting más elevado. Por ello, conseguir una mejora de nuestra nota crediticia que reduzca el diferencial respecto a los países mejor calificados debería ser prioritario para el Gobierno, lo que pasa necesariamente por un ajuste más veloz del nivel de endeudamiento.

Una mayor prudencia fiscal también mejoraría el crédito de nuestra economía ante los inversores