El Gobierno amenaza con aplicar a Ferrovial el escudo antiopas
OFENSIVA/ La vicepresidenta tercera asegura que analizan si requiere una “autorización explícita” del Consejo de Ministros.
El Gobierno está analizando si puede actuar dentro del “marco de vigilancia con respecto a la inversión en sectores estratégicos” establecido por la crisis, según reveló ayer Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Según explicó Ribera en una entrevista en Radio Galicia-Cadena Ser, se trata de ver si “se requiere una autorización explícita por parte del Consejo de Ministros o si la decisión se puede tomar sin ningún problema y trasladarse a otro país comunitario”.
Sin embargo, no parece sencilla encontrar la vía por la que la normativa antiopas extranjeras podría ser utilizada para frenar el traslado de Ferrovial a Países Bajos, según explican fuentes jurídicas.
En 2020, poco después del primer confinamiento del Covid, el Gobierno español suspendió la libertad para realizar inversiones en sectores estratégicos, para evitar que grandes grupos españoles fueran comprados por firmas foráneas (incluidas las de la UE de manera transitoria) a precios de ganga.
Esto implica que un inversor extranjero, cuando quiere tomar más del 10% de una compañía cotizada en sectores clave (como energía, telecomunicaciones, infraestructuras, defensa o medios) debe antes pedir permiso al Consejo de Ministros. Ejemplo de ello fue la entrada del fondo australiano IFM en Naturgy.
Requisitos
Aunque la salida de Ferrovial a Países Bajos pueda ser englobada en el espíritu de esa norma (se trata de una compañía con activos estratégicos cuyo centro de decisión va a otro país europeo), no parece cumplir los requisitos para que sea analizada por el Consejo de Ministros. La sociedad holandesa que absorbe a Ferrovial tiene los mismos accionistas, y no hay ningún socio extranjero en el grupo con más del 10% (el que más posee es TCI con el 6,5%).
El caso más parecido fue el de Wallbox, empresa catalana de cargadores, que se fusionó en Holanda con la compañía americana Kensington Acquisition para poder salir a la Bolsa de Nueva York. En este caso, pidieron autorización al Gobierno ya que los socios de esa firma pasaron a tener más del 20%.
El Gobierno tendrá que hacer una interpretación muy amplia de la norma para que la fusión de Ferrovial pase por el Consejo de Ministros. En principio, la empresa no tiene intención de solicitar esta autorización. Su asesor legal es Uría Menéndez.
Las declaraciones de Ribera se suman a las críticas de la ministra de Economía, Nadia Calviño, que ayer reiteró el rechazo del Gobierno al traslado de la sede de Ferrovial, que en su opinión “no tiene nada que ver con alguna acción u omisión por parte del Ejecutivo”, ya que “a las empresas españolas les va muy bien con este Gobierno”.
En una entrevista publicada ayer en La Vanguardia, Calviño ha asegurado que la información que tiene el Gobierno y los análisis técnicos plantean “muchas dudas” sobre los argumentos que ha dado la empresa para justificar esta decisión, que ha calificado de “errónea”.
La ministra defiende que España es un país con una “altísima seguridad jurídica” y que el Gobierno ha demostrado su compromiso con los empresarios con una política económica “coherente, responsable y equilibrada”.
La decisión de Ferrovial ha sido duramente criticada por el Gobierno. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha calificado a Ferrovial de “empresa pirata” y el presidente Pedro Sánchez acusó al presidente de la empresa, Rafael del Pino, de no estar comprometido con España.
La ley antiopas extranjeras permite al Ejecutivo proteger activos españoles de operaciones hostiles
La sociedad holandesa que absorberá a Ferrovial tiene sus mismos accionistas