Moncloa puede poner condiciones a Ferrovial por el “interés público”
PELEA LEGAL/ La Ley de Modificaciones Estructurales, a la que la empresa se acoge para su traslado a Países Bajos, deja una vía de intervención al Consejo de Ministros, pero sin llegar a permitir el veto.
El proyecto de fusión transfronteriza de Ferrovial con su filial internacional, que provocará la instalación de la sede del grupo en Países Bajos, se ampara en la Ley de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (LME), una norma de 2009 que recoge las fórmulas para que las compañías puedan ejecutar integraciones societarias, escisiones, transformaciones, cesiones de activos y otras operaciones corporativas.
Uno de los objetivos de esa legislación, que viene impuesta desde Bruselas, es facilitar el camino para ejecutar esas transacciones entre diversos estados miembros.
“Este proyecto común de fusión ha sido formulado por los consejos [de Ferrovial y Ferrovial Internacional] con el fin de llevar a cabo una fusión transfronteriza por absorción con arreglo a lo previsto en la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles y en el Título 7 del libro 2 del Código Civil neerlandés”, señala el grupo en su proyecto.
Básicamente, la operación queda sujeta a la aprobación de la junta general, un informe del consejo, su inscripción en el Registro Mercantil, un informe de experto independiente (la firma holandesa Flynth Audit en este caso), del derecho de separación de los accionistas y del derecho de oposición de los acreedores.
Pero además, en su artículo 58, dentro del capítulo dedicado a las fusiones transfronterizas intracomunitarias, la LME contempla la “aplicación de la normativa nacional por razones de interés público”. En concreto, “las normas que permiten al Gobierno español imponer condiciones por razones de interés público a una fusión interna serán también de aplicación a las fusiones transfronterizas en las que, al menos, una de las sociedades que se fusionan esté sujeta a la ley española”.
Según la Ley de Defensa de la Competencia, “el consejo de ministros podrá valorar las concentraciones económicas atendiendo a criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia. En particular, se entenderá como tales los siguientes: defensa y seguridad nacional; protección de la seguridad o salud públicas; libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional; protección del medio ambiente; promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico; y garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial”.
¿Es aplicable ese estricto control a la mudanza de Ferrovial? Abogados consultados ponen dos objeciones. La primera es que esa vía de actuación está contemplada cuando se produce un cambio de control que va a la CNMC (la comisión española de Competencia) y este organismo lo eleva al Ejecutivo porque los potenciales problemas tienen más que ver con esa protección del interés público que con la concentración de un mercado. En el caso de Ferrovial, los accionistas serán los mismos.
Otros países como Reino Unido sí tienen una fórmula más directa de intervención de los ministros cuando ven riesgos para el país en una operación.
El segundo reparo es que el traslado de Ferrovial no parece afectar a ninguno de los sectores mencionados en la Ley como importantes para el interés general.
En 2007, la Comisión Europea tumbó las condiciones que por “interés general” puso España a la opa de Enel sobre Endesa.
En todo caso, la LME deja otro resquició de actuación al Gobierno, junto al que está analizando en la Ley de control de las inversiones extranjeras en España (ver EXPANSION de ayer).
Justo el mes pasado, el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de nueva Ley de Modificaciones Estructurales, para adaptarla a las últimas directivas europeas. En dicho texto, todavía pendiente de aprobación en el Parlamento, se mantiene la posibilidad de poner condiciones a las fusiones transfronterizas por el interés público.
La principal novedad para una operación como la de Ferrovial es que se aumenta el peso de los trabajadores a la hora de ser informados y negociar los cambios societarios. También se da más relevancia al registrador mercantil a la hora de valorar la documentación antes de certificar las operaciones.
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