El Gobierno hipoteca la creación de empleo
Hay dos clases de gobernantes: los que piensan en las próximas generaciones y los que piensan en las próximas elecciones. Siendo el ministro José Luis Escrivá un técnico sin vinculación partidista, a priori se podría haber pensado que él tenía que haber sido de los primeros, pero probablemente sea el que, con el objetivo de arrancar un puñado de votos y evitar tensiones con los sindicatos, haya generado un mayor problema a la economía española en el largo plazo. Lo que el Escrivá (técnico, presidente entonces de la Autoridad Fiscal), sostenía en 2019 era que “las cotizaciones sociales son relativamente altas, situándose 6 puntos por encima de la media de la OCDE”, por lo que “se considera que cualquier modificación no debería implicar un incremento de las cotizaciones sociales”, so pena de laminar la creación de empleo. Lo que el Escrivá (hoy político, ministro de Seguridad Social) ha hecho en 2023 (saltándose el análisis del Consejo de Estado y de la Autoridad Fiscal) ha sido desatar la mayor subida de los costes laborales en más de 50 años, lo que provocará un frenazo del empleo y del crecimiento del PIB. Y lo hace justo en el peor momento: cuando las empresas están sufriendo lo indecible para soportar la escalada de los costes de producción, cuando muchos puestos de trabajo están en riesgo por el frenazo de la economía y cuando uno de los mayores riesgos para el crecimiento y para el poder adquisitivo de los ciudadanos es avivar la espiral inflacionista. El Gobierno fía prácticamente todo el peso del ajuste del sistema de pensiones al aumento las cotizaciones sociales de todos los trabajadores, pero sobre todo de las rentas bajas (por la subida de las bases mínimas de cotización) y altas (por el destope y la “cuota de solidaridad” a la parte que supere ese límite). Pero quizá lo más preocupante es la letra pequeña: un mecanismo automático de ajuste que seguirá elevando los costes del empleo conforme se evidencie el déficit del sistema. Que lo hará, según todos los organismos de previsión. Además, la desvinculación entre las aportaciones de las rentas altas y sus pensiones y el fuerte aumento de la pensión mínima lamina los incentivos para trabajar y cotizar. Con ello, esta decisión cortoplacista castiga a los trabajadores actuales y futuros (que soportarán en su sueldo o en sus posibilidades de empleo el alza de costes) y a los pensionistas del futuro (que difícilmente podrán mantener las prestaciones prometidas si se hunde la actividad).
La subida de las cotizaciones sociales frenará el PIB y avivará la espiral inflacionista