Abertis exige al Gobierno por la AP-7 3.220 millones más
AUTOPISTA/ La concesionaria cobró 1.070 millones por la ampliación, pero ahora reclama por la caída del tráfico.
El fondo sueco EQT, uno de los pesos pesados del capital riesgo en la escena internacional, ha contratado los servicios de Morgan Stanley para preparar la venta de la plataforma malagueña de recursos gráficos Freepik, según varias fuentes del mercado consultadas por EXPANSIÓN, que precisan que la compañía podría alcanzar una valoración de entre 700 y 1.000 millones de euros en el proceso gracias a su enorme potencial de crecimiento futuro.
La transacción se encuentra todavía en una fase muy inicial, pero las fuentes indican que EQT optará previsiblemente por un proceso competitivo abierto a fondos de capital riesgo e inversores de perfil industrial con el objetivo de maximizar el precio. Se trata, por tanto, de la primera gran subasta que va a salir al mercado español de capital riesgo desde el pasado verano, cuando la inflación y el miedo a una recesión llevaron la actividad del private equity a mínimos.
La incertidumbre actual por la crisis de Credit Suisse y la caída del SVB, en cualquier caso, podrían alterar el calendario tentativo de la operación, si bien EQT y Morgan Stanley ya están trabajando en la misma. Entre los eventuales compradores figuran grandes fondos internacionales especializados en tecnología, así como otras compañías tecnológicas.
EQT cerró la adquisición de Freepik, fundada en 2010 por Alejandro Sánchez Blanes, en el verano de 2020. Adquirió el 53% del accionariado a través de su fondo EQT Mid Market Europe, actualmente en fase de desinversión, a cambio de unos 120 millones de euros. Por lo tanto, el 100% del capital se valoró entonces en torno a los 225 millones de euros, a los que hay que sumar en torno a 120 millones de euros de deuda –actualmente en manos de Pemberton, BBVA y Banco Santander– para obtener el enterprise value de entonces. EQT rechazó hacer comentarios.
Potencial
Freepik ha crecido exponencialmente desde entonces. Cerró 2020 con 45 millones de euros de ingresos y 19 millones de euros de ebitda. En 2021, último dato disponible en el Registro Mercantil, la empresa facturó unos 56 millones de euros, con 28 millones de euros de ebitda. No hay datos públicos sobre los resultados de la compañía el año pasado, pero las fuentes consultadas indican que su negocio ha evolucionado muy bien y que el ebitda pudo situarse en torno a los 35 millones de euros.
La mayoría de los ingresos de la empresa provienen de su modelo de suscripción, mientras que el resto son resultado de ingresos por publicidad y asociados. Según explica la firma en su página web, gigantes como la Nasa, Amazon, Spotify, FedEx o Microsoft utilizan el banco de imágenes de Freepik, que incluye millones de iconos, vectores, fotografías y plantillas.
En 2020, cuando EQT adquirió la compañía se trataba de la página web número 126 con más tráfico a nivel global, por delante de la de Nike o la de la NBA, por ejemplo.
En los últimos años las empresas de corte tecnológico con un amplio recorrido de crecimiento se han valorado con múltiplos entre 15 y 20 veces ebitda o incluso superiores. En cualquier caso, para alcanzar la valoración de entre 700 y 1.000 millones de euros hay que tener en cuenta el ebitda proyectado por la compañía para el vigente ejercicio, que previsiblemente será superior al de 2022.
EQT, dueño de Freepik, es actualmente uno de los fondos más activos. Está respaldado por la familia Wallenberg –una de las más poderosas de Europa– y gestiona activos por valor de 210.000 millones.
Sus inversiones más famosas en España son Idealista y Parques Reunidos –dueña de la Warner y el Parque de Atracciones de Madrid–. Además de Freepik, controla Solarpack (con el fondo EQT Infrastructure V) y Campus (EQT Real Estate II).
Abertis mantiene intactas sus esperanzas de cobrar íntegramente el importe que, a su juicio, le debe el Gobierno a cuenta de la ampliación de la autopista AP-7 en Cataluña. El grupo de infraestructuras, controlado por Mundys –la nueva denominación de Atlantia– y ACS, cifraba, al cierre de 2022, en 3.220,79 millones de euros el saldo pendiente de la aplicación del real decreto que se firmó en 2006, a pesar de que el Gobierno ya le pagó en 2022 un total de 1.069,9 millones de euros. Con esta transferencia, el Estado consideró cumplidos sus compromisos.
Fue en 2006 cuando se firmó un acuerdo entre la actual Abertis y el entonces Ministerio de Fomento, dirigido en aquel momento por la socialista Magdalena Álvarez. La concesionaria se comprometió a ampliar en un carril el tramo de la AP-7 entre La Jonquera (Alt Empordà) y Salou (Tarragonès), asumía la implantación de ciertas gratuidades y renunciaba a reclamar indemnizaciones por el desdoblamiento de carreteras paralelas (la N-II en Girona y la N-340 en Tarragona).
El convenio contemplaba dos tipos de saldos para restablecer el equilibrio económico-financiero
El fondo sueco ha contratado a Morgan Stanley como asesor del proceso de venta
El Ministerio de Transportes prevé realizar inversiones en los próximos años por unos mil millones de euros para ampliar la capacidad de la AP-7 en Cataluña, que disparó su tráfico desde el levantamiento de los peajes, en 2021.
de Acesa, la sociedad titular de la concesión: uno por las inversiones y otro por el tráfico garantizado. Tras una primera batalla legal, el Estado reconoció el primero y, de hecho, el año pasado abonó los 1.070 millones citados; pese a ello, Abertis todavía tiene apuntados 110,36 millones pendientes.
Irreconciliable
Las diferencias son irreconciliables en la compensación por el tráfico garantizado, que el Gobierno se niega a asumir. Se previó un alza del paso de vehículos, año a año, entre 2006 y 2021, cuando expiró la concesión. Si al final del contrato la intensidad media diaria hubiera sido mayor de la establecida, se habría generado un saldo positivo para el Estado, pero terminó sucediendo lo contrario por las diferentes crisis vividas.
Consecuencia: Abertis reclama 3.110,43 millones (de ellos, 889,54 millones por la actualización financiera), según se refleja en el informe anual de 2022, recientemente publicado. En 2015, Abertis realizó la provisión contable de este epígrafe y desde entonces dejó de anotarse el importe en cuentas, de modo que todo lo que obtenga por ahí engrosará el beneficio.
Tras un nuevo choque con el Gobierno, Abertis interpuso entre marzo y julio del año pasado un contencioso-administrativo y una demanda en el Tribunal Supremo contra el acuerdo del Consejo de Ministros del 18 de febrero de 2022 por el que se le pagaron los 1.070 millones referidos.
Efectos fiscales
La concesionaria, que considera que ya es imposible ningún tipo de acuerdo extrajudicial, ha pedido en concreto que se le acepte el saldo completo que reclamó por la vía administrativa, de 4.303 millones (incluidos los efectos fiscales). Esta cantidad bruta ya incluye la cifra ingresada por la empresa el pasado ejercicio.
El Gobierno, que tiene trabajando en este conflicto a un elevado número de abogados del Estado y no ha recurrido a asesores externos, sostiene que no debe compensar por la diferencia entre el margen de referencia y el margen real, mientras que Acesa “discrepa abiertamente”.
Las alegaciones al acuerdo del Consejo de Ministros fueron rechazadas y en marzo Abertis ya recurrió a la vía legal, si bien el procedimiento está pendiente de resolución.
La empresa pide en la Justicia que se le acepte el saldo completo por la AP-7, de 4.303 millones