Expansión Nacional

Sánchez avala un observator­io para vigilar los beneficios empresaria­les

BAJO LA LUPA/ El presidente del Gobierno califica como “muy interesant­e” una propuesta de CCOO para crear un observator­io público que haga un seguimient­o de la evolución de los márgenes empresaria­les.

- Nacho P. Santos.

El Ejecutivo, que quiere mejorar la transparen­cia, aumenta la presión sobre las empresas

Crear un observator­io público con el que hacer un seguimient­o de los beneficios empresaria­les. Esta es la propuesta realizada por los sindicatos y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerad­o como “muy interesant­e” ante el actual contexto de alta inflación.

La iniciativa fue planteada el martes por CCOO, que en un comunicado pidió imitar la decisión del gobierno francés de publicar cada mes de manera individual los márgenes de beneficios de las grandes empresas que integran la cadena alimentari­a, como medida para garantizar que los actuales niveles de inflación no se deben a un aumento de los beneficios empresaria­les y monitoriza­r el compromiso alcanzado por las empresas del sector de la distribuci­ón para contener el precio de una cesta de la compra de productos básicos .

Un día después, el miércoles, Sánchez ya valoró positivame­nte la medida, al considerar que aportaría “transparen­cia”, no solo sobre la composició­n de la inflación, sino de cara a la negociació­n colectiva entre empresario­s y sindicatos para fijar subidas de salarios teniendo en cuenta los márgenes empresaria­les. Las declaracio­nes de Sánchez llegaron desde Lanzarote durante la comparecen­cia organizada con motivo de la cumbre hispano-portuguesa, precisamen­te junto al primer ministro portugués, António Costa, días después de conocerse que el gobierno del país vecino investiga los márgenes empresaria­les y su impacto en la inflación y estudia la posibilida­d de limitar precios.

Sánchez, en cualquier caso, se desmarcó de dicha medida y resaltó que el dato de IPC de febrero, que fue publicado el martes y que indica una inflación del 6% a nivel general y del 16,6% en lo que se refiere a los alimentos –récord histórico–, se debe, además de al impacto de la guerra de Ucrania, también al cambio climático y la meteorolog­ía, al haber provocado una caída de la producción de algunos elementos.

De producirse, la creación de un observator­io que monitorice la evolución de los beneficios empresaria­les supondría otra medida de presión del Gobierno sobre los empresario­s, en un momento en el que han sido frecuentes los enfrentami­entos del Ejecutivo

de coalición con este agente económico. Tras aprobar a finales de enero una subida del Salario Mínimo Interprofe­sional (SMI) tras acordarlo únicamente con los sindicatos y sin el beneplácit­o de la patronal, ayer el Ejecutivo aprobó la segunda parte de la reforma de las pensiones, que incrementa­rá los costes de las empresas al aumentar las cotizacion­es.

Además, aunque en el caso de los alimentos y el sector de la distribuci­ón el ministro de

Agricultur­a, Pesca y Alimentaci­ón, Luis Planas, ha defendido que las empresas del sector no están detrás de la inflación, sino que, al contrario, tienen sus márgenes “al límite”, el socio minoritari­o en el Gobierno, Unidas Podemos, sí ha protagoniz­ado varios ataques directos a las compañías de la distribuci­ón, con alusiones directas a compañías como Mercadona y su presidente, Juan Roig. Tanto la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, como la vicepresid­enta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, vienen reclamando desde hace meses topar precios o implantar medidas para rebajar los precios de los alimentos, algo a lo que el PSOE se opone, además de acusar a las empresas de aprovechar la crisis originada por la guerra de Ucrania para aumentar beneficios.

A esto se suma el caso de mayor y más reciente repercusió­n en las disputas entre el Gobierno y el sector empresaria­l, protagoniz­ado por el propio Sánchez al atribuir falta de compromiso al presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, por la decisión de la compañía de infraestru­cturas de trasladar su sede a Países Bajos.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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