Pensiones: una reforma contraproducente
Como todo lo que quiere pasar inadvertido, la “segunda pata” de la reforma de las pensiones se presenta en pequeños porcentajes. El “Mecanismo de Equidad Intergeneracional” pasa, a lo largo de seis años, de 0,1% a 0,2% en el caso de los asalariados, y de 0,5% a 1% en el de los empleadores. La base máxima de cotización crece 1,2% anual por encima de la inflación. Se crea un recargo de “solidaridad” a partir de 2025 de 1%, que irá creciendo a razón de 0,25 puntos porcentuales anualmente, hasta llegar al 6% en 2045. Porcentajes pequeños en plazos largos, para dar la impresión de que estamos ante algo nimio.
La verdad es la contraria: se trata de un sablazo en toda regla, con repercusiones potenciales que van mucho más allá de las cuentas públicas. Un sablazo inasumible que, lejos de garantizar la sostenibilidad del sistema, la pone (aún más) en duda, porque hace peligrar el empleo. Vayamos por partes.
Lo primero es destacar la facilidad con que el gobierno dispone de la propiedad privada. Como si solo existiera un derecho de usufructo y no uno de propiedad, el gobierno decide cada poco qué cantidad adicional de nuestras rentas y patrimonios nos confisca. No por ser algo habitual tiene que tomarse como normal. No lo es.
El gobierno llevó la presión tributaria a su máximo histórico. En 2022 habría superado el 42% del PIB, lo que es más de 4 puntos porcentuales más que en 2017. En términos de euros, los recursos no financieros del conjunto de Administraciones Públicas crecieron desde 444.000 a 556.300 millones entre esos años. Un incremento total de 112.300 millones, equivalente a una media de casi 22.500 millones más cada año. No parece razonable que, en ese contexto, se pretenda solucionar el déficit de la Seguridad Social exclusivamente por el lado de los ingresos.
¿Por qué el desequilibrio del sistema de pensiones se ha agravado? Por decisiones del gobierno. Primero derogó el Factor de Sostenibilidad (mecanismo antipático pero lúcido, que reducía la pensión inicial conforme se alargaba la esperanza de vida); luego, suprimió el Índice de Revalorización (también antipático, pero con la virtud de vincular las actualizaciones con la situación financiera del sistema) para volver a incrementar las pensiones según el IPC.
Ahora, llegado el momento de decirle a Bruselas cómo se compensará el desequilibrio provocado por ambas derogaciones, la respuesta oficial es la habitual: cobrando más impuestos. Que esto pudiera aceptarse como un “hito” por parte de la Comisión Europea, cuando en verdad se trata de una involución, confirmaría que ahora cualquier cosa puede llamarse “reforma”.
Se trata de una involución porque España ya tiene una de las tres cotizaciones sociales más altas de la Unión Europea. Si en 21 de los 27 países comunitarios las cotizaciones del empleador no superan el 25%, tiendo a pensar que los que están equivocados son los tres que cobran 35% o más.
Uno de los principales problemas estructurales de la economía española es el reducido tamaño medio de nuestras empresas. Las pymes tienen que crecer más. Pero, además de sobrellevar una legislación laboral más costosa, una presión impositiva mayor y más de 100 regulaciones que desalientan su crecimiento, el Gobierno pretende que en los próximos diez años las pymes le transfieran 19.100 millones más. Un dinero que serviría para capitalizar las pymes y ayudarlas a crecer, se utilizará para tapar un déficit que agrandó el propio gobierno.
Las empresas no pueden hacer magia. Si pagan más impuestos, necesariamente tendrán menos dinero para invertir, innovar, crear empleo y/o aumentar salarios. Si invierten menos, estarán en peores condiciones para internacionalizarse o competir con productos importados. Si los costes laborales ya excesivos se incrementan aún más, tendrán menos capacidad para atraer y retener talento.
El Excel lo aguanta todo. Una propuesta diseñada, en teoría, para eliminar el déficit del sistema de pensiones a través de una mayor presión tributaria, puede ser en realidad un obstáculo para crear empleo, subir salarios y aumentar, de manera genuina, la recaudación de cotizaciones sociales. No puede descartarse que, de llevarse a la práctica, esta “reforma” acabe generando un desequilibrio mayor que el que quería arreglar. Luego, incluso, dirán que no se podía prever.