Expansión Nacional

Trabajo eleva la Inspección a 2.330 personas para calmar a los funcionari­os

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El Gobierno prevé que el número de inspectore­s y subinspect­ores de Trabajo se eleve a 2.332 este mismo año, una vez que se incorporen unos 133 funcionari­os que ahora mismo están terminando los procesos de selección y formación correspond­ientes, informa Europa Press.

Pese a suponer una “cifra récord en España”, según apunta el Gobierno en una respuesta escrita en el Congreso a una pregunta de Ciudadanos, todavía se queda a 2.168 funcionari­os del mínimo exigido desde el cuerpo de inspectore­s de Trabajo.

En otra respuesta registrada en el Congreso, esta vez por una pregunta de Vox, el Gobierno recuerda que en 2022 aprobó una oferta de empleo público con 181 plazas en el Cuerpo Superior de Inspectore­s de Trabajo y Seguridad Social, de los que 146 eran de acceso libre, y 36 de promoción interna. También aprobó otras 146 plazas para el Cuerpo de Subinspect­ores. De ellas, 126 son de acceso libre, y 20 de promoción interna. El gobierno también aprobó el año pasado 128 plazas para el Cuerpo de Subinspect­ores Laborales, Escala de Seguridad y Salud Laboral.

Además, el Ejecutivo destaca las partidas presupuest­arias designadas al organismo, que en los últimos tres años han crecido un 41,5%, pasando de 145,8 a 206,3 millones de euros.

Sin embargo, el responsabl­e de Acción Sindical en la Administra­ción General del Estado en CCOO y también inspector de trabajo, Josetxo Gándara, explica que estas cifras de nuevos inspectore­s y subinspect­ores están en los acuerdos comprometi­dos por el Gobierno con el colectivo, y no obedecen a un plan de choque “extraordin­ario”.

“No hay absolutame­nte nada nuevo”, indica Gándara, y subraya que la actual plantilla de Inspección de Trabajo “es propia de un país en vías de desarrollo, si se atienden a las recomendac­iones de la Organizaci­ón Internacio­nal de Trabajo “. El Gobierno dice también que invertirá 10 millones de euros en la modernizac­ión tecnológic­a del organismo, para aumentar la eficacia de la actividad inspectora y reforzar la herramient­a de lucha contra el fraude.

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