Ximo Puig crea un bono de alimentos de 90 euros, que en parte pagan los comerciantes
La Generalitat Valenciana ha concretado cómo va a articular el bono cesta de la compra, que hace tres semanas anunció como un acuerdo con las empresas de distribución.
Se trata de una tarjeta bancaria prepago cargada con 90 euros a la que podrán acceder las familias residentes en la Comunidad Valenciana que tengan rentas inferiores a 21.000 euros anuales. Estará activa desde mediados de abril y se podrá utilizar durante cuatro meses, según anunció ayer el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.
El coste de esta medida para las arcas regionales ascenderá a 48,4 millones de euros, y se va a activar seis semanas antes de la celebración de las elecciones autonómicas.
Puig dijo que se trata de una medida “compleja por su dificultad técnica” y que “procede de la colaboración público-privada”.
Cualquier persona podrá utilizar esa tarjeta para pagar en cualquier comercio de la Comunidad Valenciana, explicó el presidente autonómico, quien reveló que desde septiembre se han mantenido reuniones con los actores implicados.
Se estima que la medida alcanzará a más de medio millón de familias y será compatible con otras ayudas, como la renta valenciana de inclusión. Se podrá solicitar de manera telemática y se articularán apoyos desde las asociaciones de consumidores, ayuntamientos y ONG para facilitarlo.
Aportación privada
El presidente de la patronal autonómica CEV, Salvador Navarro, explicó que las empresas del sector del comercio alimentario van a asumir parte del coste de este bono. Concretamente, “un millón de euros”.
Destacó que esta aportación “está por encima del margen de estas empresas”, ya que son muy limitados tras el incremento de costes, y que “esta era la única fórmula que permite la ley, ya que cualquier otra solución no pasaría por la aprobación de la CNMC y que estas empresas se sumen a esta iniciativa no significa que no estén tomando más medidas. Cada distribuidor está haciendo un esfuerzo por ofrecer los precios más bajos posibles respetando la Ley de la Cadena Alimentaria”.
Costará 48,4 millones y podrán acceder las rentas inferiores a 21.000 euros anuales