El sistema fiscal debe ser más previsible

Hacienda ha ido prorrogando la prometida reforma a fondo del sistema fiscal español, primero por la pandemia y, después, debido a la crisis energética. En su defecto, ha optado por introducir modificaciones en numerosos impuestos, además de crear nuevas figuras temporales para gravar a determinados contribuyentes: la banca, las energéticas, las rentas más altas y los grandes patrimonios. Pero también gravámenes sobre los servicios digitales, las transacciones financieras, los envases de plásticos de un solo uso y los gases fluorados de efecto invernadero, junto a la supresión de las deducciones a determinadas inversiones como la I+D+i. Una catarata de novedades impositivas que, sin embargo, tienen efectos muy cuestionables. El impacto en la recaudación de algunos de estos impuestos está siendo menor al previsto por el Gobierno, pero sin embargo cumplir con las obligaciones adicionales que conllevan supone un considerable coste económico, de recursos materiales y humanos para las compañías afectadas. Todo ello configura un esquema tributario voluble que genera inseguridad jurídica a empresas e inversores. A mayor abundamiento, la fuerte subida de las cotizaciones sociales impuesta por el ministro de la Seguridad Social,

José Luis Escrivá, a las empresas para costear el proyectado aumento del gasto en pensiones implica más costes laborales en los próximos años. Debido a ello las multinacionales presentes en España reclaman al Gobierno una reforma fiscal íntegra que dé previsibilidad al marco tributario para poder planificar de una manera más adecuada sus inversiones a largo plazo. También piden que se simplifiquen las crecientes obligaciones tributarias emanadas de las distintas administraciones públicas en aras de facilitar su cumplimiento, especialmente por parte de las pequeñas y medianas empresas. El rápido incremento de la presión fiscal durante los últimos años en nuestro país, justificado por el Gobierno de PSOE y Podemos para equiparar la carga tributaria a la media europea pero que los representantes empresariales han denunciado recientemente por haber alcanzado niveles confiscatorios, lastra la competitividad de la economía española frente a otros países europeos a la hora de captar nuevas inversiones y talento. En un entorno de gran incertidumbre geopolítica, la estabilidad del marco que regula la fiscalidad se ha convertido en un factor cada vez más decisivo para las empresas y los profesionales.

Las principales empresas inversoras en España reclaman un marco tributario estable y más simple