Berkeley lleva a la Audiencia su batalla con el Gobierno
URANIO DE SALAMANCA/ El grupo minero sigue dando pasos en su batalla legal para sacar adelante su plan en Salamanca.
Berkeley Energía, el grupo internacional que intenta sacar adelante un proyecto de extracción de uranio en Retortillo, Salamanca, sigue dando pasos para armar una amplia batalla legal contra el Gobierno por parar esos planes.
La compañía ha planteado un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional contra la decisión del Gobierno de paralizar ese proyecto.
El recurso va dirigido contra la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por su decisión de desestimar la autorización de construcción de la planta de concentrado de uranio como instalación radiactiva (NSC II) en Salamanca, informó ayer la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En busca de acuerdo
La desestimación por parte del Ministerio de la autorización al grupo, de origen australiano y cotizado en Londres y España, daba por concluido el procedimiento administrativo pero, de acuerdo con la legislación española, Berkeley ha presentado ahora su recurso contencioso-administrativo ante los Tribunales españoles para “seguir defendiendo su posición”.
Berkeley siempre ha dicho que el grupo está dispuesto a un acuerdo amistoso aunque, en caso de no alcanzarse, seguirá reclamando la continuidad de ese proyecto o una cuantiosa indemnización vía pleitos. El recurso se suma a otras medidas que Berkeley ya ha iniciado para poder plantear un arbitraje internacional.
Berkeley fichó como asesores a Rafael Miranda, Jaime García-Legaz y Miguel Riaño para intermediar con el Gobierno y desbloquear su proyecto. Sus abogados han cifrado las posibles indemnizaciones a reclamar en 400 millones de euros, por la inversión realizada hasta ahora y el lucro cesante por no poder sacar adelante al plan.
Berkeley fichó a Miranda, Legaz y Riaño para buscar la paz, pero aún no la ha conseguido