Díaz entra en campaña: urge a topar el precio de los alquileres
ANTICIPO/ Asegura que sus planes en vivienda son mucho más ‘ambiciosos’ que la Ley que se negocia en el Gobierno.
siendo “incompatible con el derecho de buena Administración en los términos que contempla” la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Al tiempo, advertía de que la caótica situación del organismo está obligando a muchos afectados a “acudir a una provincia menos saturada que no corresponde a su domicilio, o a recurrir a gestorías privadas, con el consiguiente abono del servicio”.
“Situación insostenible”
Precisamente, los gestores administrativos, tabla de salvación para muchos ciudadanos desesperados que no logran acceder a una cita por su cuenta, denunciaron el pasado miércoles “la situación insostenible que se vive en las Administraciones Públicas respecto a la deficitaria atención al ciudadano”. De hecho, según el último barómetro del colectivo, el 67% de los gestores considera que, en el caso de la Seguridad Social, “se han deteriorado todos los canales de atención”: cita previa, telemático y presencial.
Aún peores son las cifras de la propia Seguridad Social. A falta de que se publique el informe estadístico de 2022, ya ha trascendido que el año pasado las quejas ciudadanas contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social rebasaron las 15.600 frente a las 9.002 de 2021 (un incremento superior al 70%), cuando ya crecieron casi un 9% respecto al año previo.
En este escenario y aunque su impacto no es homogéneo, los cuellos de botella administrativos se extienden como una mancha de aceite a lo largo y ancho del territorio nacional, con numerosos ciudadanos que muestran públicamente su enojo y frustración, incluidos episodios de tensión entre usuarios y empleados públicos en algunas oficinas de la Seguridad Social, o ciudadanos que, en su desesperación, llaman a la Policía porque no logran una cita. La casuística es tan amplia como variada dentro de una lista de agravios que crece cada día que pasa. Desde familias con hijos con discapacidad que denuncian no recibir las prestaciones correspondientes desde hace meses, hasta errores en el cobro de las cuotas de los autónomos (8.000 trabajadores por cuenta propia a quienes correspondía la tarifa plana pagaron de más en enero, error después subsanado), pasando por casos igualmente flagrantes como el de un grancanario que denunció llevar más de un año esperando que se le reconociese la paga por jubilación.
Plantilla mermada
Según los propios trabajadores de la Seguridad Social, en pie de guerra contra el Gobierno, al igual que los empleados de media Administración Pública, la raíz de los males se encuentra en el brusco encogimiento de su plantilla. El sindicato de funcionarios CSIF, que en octubre de 2019 ya vaticinó el colapso de la Seguridad Social “en cinco años” si no se reforzaban sus efectivos, ha denunciado en reiteradas ocasiones que la plantilla de la
Seguridad Social “ha pasado de 36.000 a 26.000 trabajadores en tan solo una década” y que esos menguados efectivos “atienden a 20 millones de afiliados, 10 millones de pensionistas y 1,4 millones de empresas”. A eso se suma la llegada de nuevas prestaciones, como el ingreso mínimo vital, que ha absorbido buena parte de la gestión de la Seguridad Social: “Hasta el 60%”, denunció el pasado 22 de marzo el delegado de CSIF en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, Haraldo Dahlander. Todo ello en un contexto en el que se prevé que en los próximos cinco años se jubile el 28,5% de los efectivos actuales.
Medidas tomadas
En el mes de febrero, el Gobierno decidió intentar solventar el monumental atasco que sufren las oficinas de la Seguridad Social obligando a los empleados a trabajar más horas sin compensación salarial y reduciendo a menos de 10 minutos los tiempos de atención a los ciudadanos, decisión contra la que se revolvieron las organizaciones sindicales.
Además, el Ejecutivo ha comenzado a reforzar la plantilla del organismo con la incorporación de 747 trabajadores interinos que, previsiblemente, comenzarán a trabajar en este primer semestre. Una medida que los sindicatos consideran un mero parche y del todo insuficiente, ya que además es personal al que hay que formar, e insisten en la necesidad de que se convoquen plazas fijas con la mayor celeridad posible.
Pese a que el Gobierno niega que haya un colapso en la Seguridad Social, algunos ministros reconocen que los problemas de atención existen. La titular de Hacienda, María Jesús Montero, admitió el miércoles de la semana pasada que la atención presencial en el organismo “tiene que mejorar”, aunque en su caso se limitó a resaltar que la Administración cuenta con 164.000 funcionarios más desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, recordando las 44.787 plazas de empleo público que se anunciaron en 2022, refuerzos que, en el caso de la Seguridad Social, no acaban de llegar o lo hacen con cuentagotas. Mientras, el atasco persiste y la paciencia de la ciudadanía se agota.
Yolanda Díaz calentó motores electorales durante la moción de censura de Vox, aprovechando la oportunidad que le brindó Pedro Sánchez de replicar al candidato Ramón Tamames para lanzar su proyecto político, Sumar, y entró en campaña a pleno rendimiento el pasado domingo, con la puesta de largo de dicha plataforma. Una escenificación en la que Díaz se erigió en el relevo de Podemos y en el nuevo aglutinante de los intereses políticos de los partidos más a la izquierda del PSOE. Ahora, Díaz y Sánchez son aliados y, sin embargo, rivales. De hecho, la lideresa de Sumar ha comenzado a marcar distancias con el Gobierno en cuestiones tan sensibles como la vivienda. La vicepresidenta segunda urgió ayer a “limitar el precio del alquiler como ha hecho Berlín, como hace París y como hacen muchas ciudades del mundo”.
Díaz, que aseguró que “hoy, pagar un alquiler en Madrid, en Valencia, en Vigo o en Sevilla es imposible”, lanzó así un brindis a su futuro electorado y un recado a sus aliados socialistas en el Ejecutivo de coalición, donde los límites al precio del alquiler se han convertido en el principal escollo para sellar un pacto en la nueva Ley de Vivienda. Una norma que a Díaz se le queda corta, asegurando que su proyecto político en este ámbito es “mucho más ancho y mucho más ambicioso que la ley” que se debate en el seno del Gobierno.
Para respaldar su convicción de que hay que actuar sobre los precios, la vicepresidenta segunda utilizó como referencia ejemplos de políticas intervencionistas que, paradójicamente, han naufragado. Así, por ejemplo, en Berlín, cuyo tope a los precios fue tumbado en 2021 por el Tribunal Constitucional alemán, la intervención pública en el mercado se tradujo en una fuerte reducción de la oferta de vivienda sin lograr abaratar de forma significativa los precios. Y otro tanto sucedió en París.
Pero no es necesario traspasar
El ingreso mínimo vital copa hasta el 60% de la gestión de la Seguridad Social, según CSIF
El colapso obliga a muchos ciudadanos a acudir a otras provincias en busca de atención
las fronteras españolas para apreciar el impacto negativo de los controles de precios. De un lado, el límite de precios que estuvo en vigor en Cataluña durante año y medio a partir de diciembre de 2020 logró reducir un 5% el coste agregado de los alquileres, pero a cambio redujo en un 10% la oferta de vivienda disponible, según un estudio de EsadeEcPol publicado en febrero. Y de otro, el tope de subida del 2% aprobado a escala nacional dentro del plan anticrisis por la guerra en Ucrania, acordado en marzo de 2022 e inicialmente temporal aunque en diciembre ya se prorrogó para todo 2023, tampoco está mitigando el problema. Al contrario. Entre febrero de 2022 y febrero de este año, el precio del alquiler en España se disparó un 8,7%, más del cuádruple que el mencionado 2%, con numerosas capitales subiendo a tasas de doble dígito, como Alicante, Málaga, Barcelona, Valencia o Madrid, como publicó EXPANSIÓN el 10 de marzo. Además de no lograr contener los precios, esta medida ha agudizado los problemas de oferta. Según el portal inmobiliario Idealista, la oferta de alquileres menguó un 17% en toda España el año pasado, con reducciones de hasta el 48% en Granada. A las tensiones entre oferta y demanda se suma, además, la paralización de los desahucios, que ha alumbrado fenómenos como la inquiokupación; es decir, inquilinos que dejan de pagar el alquiler. El año pasado se efectuaron 16.726 denuncias de ocupación en España, según datos del Ministerio del Interior.
Con este telón de fondo y a pesar de los datos y de las advertencias de los expertos, todo apunta a que la intervención de los precios de los alquileres será una de las grandes banderas políticas que enarbolará Díaz en su carrera para intentar ser la “primera presidenta de España”. De hecho, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo dejó claro ayer que en su proyecto político la vivienda representa “un derecho de la ciudadanía”, anticipando pautas legislativas “absolutamente diferentes” a las actuales, y defendiendo la necesidad de crear un parque público de viviendas de alquiler social a través de la rehabilitación de las que ya existen.
Los expertos insisten en que intervenir el mercado no reduce precios y contrae la oferta