Herbert Smith renueva su cúpula directiva
Eduardo Soler Tappa asume la dirección del despacho a partir del próximo 1 de mayo
En 1991, cuando India abrió su economía a la inversión extranjera, el entonces ministro de finanzas, Manmohan Singh, disipó rápidamente los temores de que esto podría dañar la industria de su país. “No debemos permanecer cautivos permanentes del miedo a la Compañía de las Indias Orientales como si nada hubiera cambiado en los últimos 300 años”.
Este mensaje puede rescatarse más de 30 años después, con el movimiento adoptado por el Colegio de Abogados de India (BCI, por sus siglas en inglés). Y es que, desde el pasado 15 de marzo, el sector legal indio está abierto para cualquier firma jurídica que quiera introducirse en un país con más de 1.400 millones de habitantes. Aunque con condiciones.
Por ahora, los abogados extranjeros no pueden comparecer ante tribunales que no sean juntas reglamentarias, de acuerdo con la normativa para la regulación de abogados extranjeros y bufetes internacionales que ha aprobado el colegio de abogados del país indio. Esencialmente, esto significaría permitir solo la práctica o el trabajo de los letrados en asuntos legales internacionales y de arbitraje.
“Sobre todo se busca que los letrados extranjeros participen en asuntos que impliquen la atracción de la inversión, es decir, fusiones y adquisiciones, propiedad intelectual, redacción de contratos, etcétera”, explica Jose María Viñals , socio de Squire Patton Boggs.
Quién llegará
Si bien un pequeño puñado de bufetes de abogados internacionales ha tratado anteriormente de establecer su presencia en India, han tenido que hacerlo mediante la incorporación de entidades locales que operan de forma independiente pero que llevan la marca de la firma internacional.
No hay que perder de vista que esta liberalización se produce en el contexto del acuerdo de libre comercio entre India y Reino Unido, que lleva tiempo gestándose. Ambos países han estado negociando para que los abogados y bufetes británicos puedan introducirse en India, cuya economía se prevé que se sitúe entre las tres primeras del mundo.
El sector británico de servicios jurídicos considera que el mercado indio es potencialmente lucrativo, teniendo en cuenta el crecimiento interno del país, la presencia de numerosas empresas extranjeras y las transacciones transfronterizas, además de una mayor participación en el creciente número de casos de arbitraje. Antes de que se dieran a conocer las normas de la ICB, a lo más que podían aspirar los abogados extranjeros era a entrar y salir de la India durante un breve periodo conforme a una sentencia del Tribunal Supremo indio.
Según el anuncio del colegio de abogados de India, las tarifas de registro para abogados y bufetes extranjeros son de 25.000 dólares para los letrados y de 50.000 dólares para los despachos. Dichos registros tienen una validez de cinco años y son renovables.
“Cualquier firma internacional que quiera hacer negocios en banca y seguros en el país tendrá más confianza si le asesora un abogado de su confianza”, explica Viñals, que apuesta por despachos como Dentons como uno de los primeros en establecerse en el nuevo mercado legal. “También es probable que acabe aterrizando la firma canadiense Gowling WLG”, afirma el socio de Squire.
El mercado legal indio tiene el potencial de acogerse al marco estándar para el arbitraje comercial y mejorar sus prácticas para, con el tiempo, crear un entorno propicio para un centro de arbitraje internacional competitivo y creíble a nivel mundial. Y es que el Centro de Arbitraje Internacional de Singapur (SIAC) se ha convertido en el centro al que acuden muchas empresas indias por su ubicación, eficacia y rapidez. La flexibilización de las normas por parte del BCI ofrece ahora tanto una oportunidad como un reto.
Sin embargo, los expertos advierten de los problemas que puede dar el principio de reprocidad. Esto implica que si un bufete español quisiera abrir una oficina en India, otro bufete del país debería abrir sus puertas en nuestro mercado legal. Además, advierten de lo tradicional que es el sistema legal del país indio, lo que puede poner trabas a los abogados extranjeros.
No obstante, la apertura del sector indio de servicios jurídicos debería servir también para reflexionar sobre el sistema de ejecución de contratos del país, el ritmo de los arbitrajes y litigios y el coste para una economía emergente y de gran potencial.
Renovación en la cúpula española de Herbert Smith Freehills. A partir del 1 de mayo, Eduardo Soler Tappa sustituye a Miguel Riaño como socio director del bufete británico. Por su parte, Riaño pasará a ocupar el cargo de socio presidente de la firma.
De este modo, Soler Tappa asumirá la gestión ejecutiva de la oficina española y Riaño llevará a cabo las funciones de representación institucional y de relación con grandes clientes de la firma. Adicionalmente se nombrará un comité ejecutivo integrado por tres socios: Alberto Frasquet, Iria Calviño y Armando GarcíaMendoza, que apoyará al nuevo socio director en sus labores de dirección, en un modelo organizativo que se asemeja al seguido por otros bufetes del sector para garantizar una gestión eficiente y ordenada.
La nueva etapa de Herbert ha sido bautizada como Madrid 2.0 y se sustenta en la dualidad en la directiva entre el socio director y el socio presidente. “El despacho ha apostado por una modificación de su estructura de dirección ejecutiva para dotarla de una gestión organizativa y funcional más sólida y eficiente para el proyecto de futuro”, señala la firma internacional en una nota remitida a los medios.
El nuevo socio director de Herbert es abogado del Estado en excedencia y ha desarrollado una amplia carrera en el despacho desde el año 2010 dirigiendo en la actualidad el área de litigación y arbitraje de la firma en España, con un papel muy activo en todas las cuestiones relativas a sectores regulados, especialmente energía. Anteriormente desempeñó los puestos de
Miguel Riaño, actual socio director, será el nuevo socio presidente del bufete en Madrid
abogado del Estado-Jefe adjunto en la Abogacía del Estado de Barcelona (con experiencia en todos los órdenes jurisdiccionales) y abogado del Estado-Jefe en la Secretaría de Estado de Energía.
Con la reforma de su estructura de gestión, el despacho persigue seguir centrando su estrategia en las grandes operaciones reforzando áreas como M&A, energía, servicios financieros, infraestructuras y transporte, minas, inmobiliario o seguros, entre otros.
Otra de las vertientes del nuevo plan estratégico continuará siendo el impulso de la responsabilidad social corporativa a través de los actos de la Fundación Herbert Smith Freehills, recientemente renombrada como Fundación Tellus, y presidida por Miguel Riaño.
Toda esta estrategia se alinea con el plan Ambition 2025 que la firma impulsa a nivel global. Entre los objetivos de este plan se encuentran la apuesta por la innovación; situar al despacho como firma líder para las mujeres –en la actualidad el bufete cuenta con un 29% de socias –; y el compromiso con la diversidad étnica, entre otros.