Quién es competente en la creación de unidades electorales en Justicia
El Tribunal Supremo (TS) ha emitido un fallo sobre un asunto controvertido: ¿qué jurisdicción debe resolver los asuntos que afectan a solicitudes o peticiones de creación de unidades electorales en relación con los procesos de representación al servicio de las Administraciones Públicas?
El caso que resuelve el alto tribunal, tras la estimación del recurso de casación presentado por la Asociación Sindical de Secretarios de la Administración de Justicia (Assejus), arrancó cuando el organismo solicitó al Secretario General de la Administración de Justicia la creación de una unidad electoral específica para el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia (LAJ), algo que rechazó en una comunicación el 5 de diciembre de 2019.
El objetivo de dicha petición era que no se metiera a estos trabajadores en el mismo paquete que los funcionarios de Justicia en las elecciones a las Juntas de Personal y demás órganos de representación.
Los recursos de Assejus fueron desestimados por la sección séptima del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el tribunal declaró la falta de jurisdicción del orden contencioso-administrativo para conocer este tipo de litigio.
Este es el asunto en el que entra el fallo del TS y así lo indica cuando afirma que “no se ventila en este recurso de casación juzgar la pretensión de crear una unidad electoral exclusiva para los LAJ en las elecciones a las juntas de personal: lo que se enjuicia es qué orden jurisdiccional debe conocer de tal pretensión”.
Tras estudiar la jurisprudencia e indicar que seguramente nos movamos en terreno de la soberanía legislativa, el alto tribunal concluye que, en este caso, es la jurisdicción contenciosoadministrativa la que debe enjuiciar la conformidad a Derecho de la resolución hecha el 5 de diciembre de 2019 por el Secretario General, para determinar si estamos dentro del ámbito de la potestad administrativa de adecuación de una unidad electoral o una relativa al derecho de petición o si responde “a otro eventual supuesto de sujeto de Derecho Administrativo”.
Según explica Luis Zafra, letrado de Ejaso, lo más relevante del asunto es que la competencia es del orden contencioso-administrativo, “y no del social por tratarse de una cuestión que no puede ser incardinable dentro del concepto materia electoral. Todo lo relativo a la adecuación, por el motivo que sea, de las unidades electorales, no escapa de la esfera contencioso-administrativa”.
La resolución tiene especial trascendencia para “los LAJ, pues lo que se persigue, en última instancia, es que a dicho cuerpo se le reconozca el derecho a ser elegidos como representantes y a ser representados a través de sus órganos específicos”, concluye Zafra.