Ministro, la Seguridad Social está cerrada
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se enfrenta estos días a un bombardeo de críticas que le lanzan desde diversos ámbitos a su última reforma de las pensiones: en la política, el PP, Vox y Ciudadanos. En el mundo de los analistas, la Fundación Fedea, el BBVA Research, el Instituto de Actuarios y, lo que le faltaba al ministro, la propia Autoridad Fiscal, que él mismo creó. Además, como no podía ser de otra manera, Escrivá también recibe el fuego cruzado de las organizaciones empresariales.
No podía ser de otra manera, porque la reforma la van a pagar, fundamentalmente, las empresas, y también todos los trabajadores, con honores especiales para los que tengan los sueldos más altos. La propuesta del Gobierno va contra la economía productiva porque insiste en alimentar un aumento excesivo del gasto, en lugar de intentar moderarlo o recortarlo. No hay una sola medida que lo haga. Todo es volcar recursos de las empresas, los trabajadores y, al final, de todos los ciudadanos, para el crecimiento exponencial que va a producir la jubilación de las generaciones de la explosión de la natalidad. Las socaliñas del ministro para exprimir al mundo productivo son incontables.
Es verdad que en 2025, y cada tres años, la Autoridad Fiscal debe elaborar un informe para comprobar si el gasto medio de las pensiones no supera el 15% del Producto Interior Bruto (PIB). Y que, en su caso, el órgano fiscalizador debe proponer medidas al Gobierno de turno “para corregir, de forma equilibrada, el exceso del gasto en pensiones mediante un aumento de las cotizaciones u otra fórmula alternativa de incrementar los ingresos o una reducción del gasto en pensiones en porcentaje del PIB o una combinación de ambas medidas”. A partir de ahí se repite el proceso que ha caracterizado las reformas de las pensiones desde el primer Pacto de Toledo en 1995. Negociación de un acuerdo con la patronal y los sindicatos y posterior traslado al Parlamento, aunque esta vez no ha ocurrido así. Un modus
operandi que siempre ha demostrado que va muy por detrás de la evolución de las pensiones.
Todas las prestaciones de la Seguridad Social son de un indudable impacto social. Por eso, sólo la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, que tiene unas perspectivas electorales muy malas, es la única persona de la clase política que se atreve a decir la verdad, en contra de 10 millones de pensionistas: subir las pensiones con una inflación del 8,5% es un disparate. Vincular las prestaciones al IPC es estocástico, porque, al final, entrega el sistema a factores que no puede controlar el Gobierno, como los precios de la energía.
Pero además, como queda demostrado en la información de estas mismas páginas, el Ejecutivo está dejando atrás a todas esas personas que están en un proceso kafkiano, en busca de su merecida pensión, y se estrellan con el cierre de las oficinas de la Seguridad Social. Ni de forma telemática ni por teléfono. El problema es tan grave que ha aparecido un mercado negro, en el que hay sinvergüenzas que, a cambio de dinero, se ofrecen a hacer las llamadas que sean a primera hora, o las colas necesarias, para conseguir una cita al ciudadano que quiere su pensión o prestación. Escrivá dice que “la Seguridad Social interacciona con 17 millones de ciudadanos y es inevitable que dentro de todas esas consultas haya personas que no han tenido la atención deseada”. Y que, además, la falta de funcionarios por el envejecimiento de la plantilla y la congelación de personal durante años, ha coincidido en los últimos ejercicios con la pandemia del coronavirus, nuevas ayudas para los autónomos, los ERTE o el Ingreso Mínimo Vital. Pero es que, además, el problema se ha extendido a los servicios públicos de empleo. Es imprescindible que todos los ministerios implicados se vuelquen en buscar una solución. A no ser que el cierre de las oficinas sea otro modo de retrasar las jubilaciones y no nos hayamos enterado.
El Gobierno de Sánchez está dejando atrás a miles de personas, que se estrellan contra el cierre de la Seguridad Social