Vivienda: soluciones caducas para el alquiler
Parece difícil que la misma política intervencionista que no ha evitado que los precios del alquiler se disparen a máximos y que ha causado el histórico hundimiento de la oferta tras la pandemia vaya a solucionar los evidentes problemas de este mercado. Pero el Gobierno y sus socios están empeñados en aplicar por puro electoralismo las mismas medidas caducas que ya han demostrado ser ineficaces allí donde se han aplicado. Varias capitales europeas han revertido en los últimos años los topes a los alquileres tras ver cómo se desplomaba la oferta de pisos y se agravaban las tensiones en sus precios. También en Barcelona las restricciones a la libertad de los propietarios de pisos han sido nocivas, induciendo una caída del stock en alquiler del 58% en el primer trimestre de 2022, que hasta marzo de este año era otro 9% inferior. Pese a ello, su alcaldesa, Ada Colau, se apresuró a proclamar que será la primera ciudad en aplicar la nueva ley nacional, lo que augura más distorsiones en la capital catalana. Es precisamente en las grandes ciudades donde se concentran los problemas para acceder a una vivienda alquilada, especialmente por parte de los jóvenes. Con el tope temporal a los precios que la nueva ley convierte en permanente, la oferta se ha reducido un 5% de media en toda España, un 19% en Madrid e incluso más del 20% en
Málaga, Palma, Guadalajara o
Santa Cruz de Tenerife. Un mayor intervencionismo no dará un resultado mejor. De igual modo, tendrá una eficacia muy limitada el anuncio de Sánchez de destinar a alquiler social el stock que aún mantiene en cartera Sareb procedente de los bancos. Las propias entidades financieras advierten de que la mayoría de esos 50.000 pisos no se ajustan a la demanda del mercado, puesto que a los más interesantes ya se les dio salida: sólo 7.094 están ubicados en capitales de provincia, de los que 1.189 corresponden a Madrid y 767 a Barcelona. Y 14.000 fueron ocupados de forma irregular. En suma, una política electoralista que crea más incertidumbre en un sector encorsetado por la profusa normativa sobre vivienda de las distintas administraciones, ya que, según lo acordado por PSOE y Podemos con ERC y Bildu, con 5 pisos en propiedad un particular ya será considerado gran tenedor. Los expertos denuncian que este límite tan bajo llevará a un mayor trasvase de pisos al mercado de compraventa. Para incrementar la oferta en alquileres se requieren menos cortapisas y más iniciativa privada.
El Gobierno insiste en aplicar los topes de precios que han fracasado en otros países europeos