Los antecedentes negativos de Europa y Cataluña

En lo que respecta a los topes del alquiler, Cataluña ya sirvió de laboratorio de pruebas, con una ley a finales de 2020 y que solo limitó los precios hasta marzo del pasado año, cuando el Constitucional tumbó la parte de la ley que regía ese tema. La consecuencia: una caída del 15% de la oferta y un momentáneo alivio en el precio, que no tardó en desaparecer con el transcurso de los meses siguientes. Pero no hay por qué mirar solo a Cataluña, puesto que hay otros ejemplos en el continente. Sirva el caso de Berlín, donde en febrero de 2020 se anunció la congelación de los alquileres durante cinco años ante una imparable escalada de precios. Su duración fue corta, puesto que el Constitucional alemán la tumbó en abril del año siguiente, pero fue tiempo suficiente para que dejara huella: mientras los precios son prácticamente los mismos que antes, la demanda se ha desplomado desde entonces, llevando a una escasez de vivienda en alquiler que exigirá 700.000 nuevos inmuebles para 2025. El caso de París es bastante similar. Desde 2019 hay un experimento en la capital gala, también de escaso éxito: buena parte de los contratos escapan de este control, pese a que existen multas entre los 5.000 y 15.000 euros, en caso de saltárselo. También en Suecia hay medidas de regulación, que han desembocado en una caída del ‘stock’ y en una mayor dificultad para que las rentas más bajas tengan acceso. Países Bajos tiene una idea similar, consistente en topar el precio de 300.000 viviendas hasta un máximo de 1.000 euros mensuales. Sobre esta medida, ING ha advertido que tendrá efectos negativos a largo plazo, como una menor oferta o una mayor demanda al incentivar la independización de los jóvenes.