Ferrovial: así entregará las llaves el Registro Mercantil a Países Bajos
El control de la legalidad de una operación transfronteriza como la que protagonizará el grupo de infraestructuras se atribuye al Registro Mercantil, encargado de emitir un certificado previo dando su visto bueno al traslado.
El registrador dispone de quince días para comprobar que el traslado se ajusta a la ley
El pasado jueves, Ferrovial celebró una junta de accionistas histórica en la que los inversores presentes y representados (un 77% del capital) aprobaron el cambio de sede de la compañía española a los Países Bajos. “Es una opción que se enmarca en la libertad de establecimiento que nutre la esencia misma de la Unión Europea”, señaló su presidente, Rafael del Pino, ante la polémica surgida en torno al traslado del grupo de infraestructuras y construcciones.
Ahora bien, una vez que la junta de accionistas ha dado luz verde para que Ferrovial se marche a Países Bajos, comienzan los trámites de salida, una operación compleja en la que el grupo ha contratado a Morgan Stanley, Uría Menéndez, Latham & Watkins y De Brauw para asesorarles.
No obstante, hay que recordar que quién debe entregar la llave de Ferrovial al país presidido por Mark Rutte es el Registro Mercantil. “El control de legalidad de la operación se atribuye al registrador mercantil, en consonancia con el principio de legalidad consagrado en el Código de Comercio y en el reglamento del Registro Mercantil”, señala Francisco Javier González del Valle, director del servicio de coordinación de registros mercantiles.
Control de legalidad
Así, según señala la ley de modificaciones estructurales de sociedad mercantiles, cuando el registro español es el de origen de la operación, el control de legalidad se lleva a cabo mediante la emisión por el registrador de un certificado previo que acredite la correcta realización de los actos y trámites necesarios por parte de las sociedades sujetas a la legislación española, a la vista de los datos presentes en el registro y en la escritura correspondiente.
En este sentido, una vez presentada en Madrid la escritura de fusión por los directivos de Ferrovial, el registrador tiene un plazo normal de calificación e inscripción de 15 días, en el que comprobará que se han cumplido los requisitos exigidos por la ley española para la absorción en cuanto a Ferrovial. Esto implica,
Mucho se ha escrito sobre las cuestiones legales del traslado de Ferrovial a Países Bajos, pero ¿qué sucedería si el camino es el opuesto? En este caso, al igual que el anterior, el Registro Mercantil juega un papel fundamental. Y es que el registrador controlará la legalidad de la modificación estructural y la constitución de la nueva sociedad o las modificaciones de la absorbente y también verificará que se ajusten a la ley las disposiciones sobre participación de los trabajadores. Una vez que esto esté verificado, se notifica a los registros de origen para que realicen las cancelaciones. entre otras cosas, el proyecto de fusión, la convocatoria de la junta de accionistas, que se hayan cumplido los derechos de información de socios y trabajadores, y la emisión de los informes de expertos sobre el fondo del traslado de la compañía.
En el caso de Ferrovial, además, es necesario que el registrador controle los requisitos del acuerdo, su publicación, la posibilidad de que los acreedores cuenten con el derecho de oposición a la separación y los socios tengan la opción de separación, así como que estén disponibles ciertos requisitos formales de la escritura. “Practicado el asiento, el registrador emite el certificado de que se han cumplido todas las exigencias de nuestra legislación, tanto la Ley de Sociedades de Capital como la Ley de Modificaciones Estructurales”, dice González del Valle.
No obstante, en estos momentos se encuentra en tramitación un anteproyecto de ley por el que se transpone a derecho español la directiva comunitaria sobre transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas. “Esta mantiene al registrador mercantil como autoridad nacional idónea para la realización del control de legalidad de estas operaciones, en la línea de la ley vigente”, asegura el vocal de registros mercantiles en el Colegio de Registradores. “Como novedad, por transposición de la directiva, se atribuye al registrador el examen de la existencia de posibles indicios de abuso o fraude en la operación con el objeto de eludir el derecho comunitario o español o con fines delictivos. Y ello en colaboración con las correspondientes autoridades del orden penal, tributario o social”, explica González del Valle.
Así, se trata fundamentalmente de sospechas de fraude fiscal a la Seguridad Social, blanqueo de capitales, etcétera. “Por ejemplo que sean sociedades inactivas durante largo tiempo, que no depositen cuentas anuales, con NIF revocado, con declaraciones de fallido inscritas en el registro, que cuenten con órganos inhabilitados, que busquen el traslados a paraísos fiscales, etcétera”, apunta González del Valle.
Uría Menéndez, Latham y De Brauw son los despachos asesores de la operación