Qué debe cobrar un indefinido no fijo que tenía un contrato ilegal
Un jardinero demandó al ayuntamiento para el que trabajaba y solicitó una indemnización que, según resuelve ahora la Justicia, no le corresponde.
Se debe acudir a las tablas salariales del convenio colectivo para fijar la retribución exacta
La sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) acaba de estimar un recurso de suplicación planteado por el ayuntamiento de un municipio gallego contra una sentencia que le obligaba a pagar una indemnización de 6.917,32 euros a un profesional de jardinería en concepto de diferencias salariales dejadas de percibir entre junio de 2018 y mayo de 2019.
La defensa del concello presentó varios argumentos contrarios a la primera resolución, pero el TSXG sólo ha validado uno. Como se puede leer en la sentencia, “sostiene el recurrente que el salario del trabajador no debe ser el que venía percibiendo como autónomo, por lo que no le debe cantidad reclamada por tal motivo y ello por cuanto que dicho convenio remite a los presupuestos para fijar anualmente la tabla salarial del personal laboral y, por tanto, debe de estarse a estos y no a los que facturaba ilegalmente para establecer la retribución anual de un empleado municipal”.
Efectivamente, el jardinero fue contratado verbalmente en 1995 con una retribución pactada de 1.820 euros brutos, pero cuando ganó su demanda contra el ayuntamiento –sentencia firme dictada por el juzgado de lo social de Ferrol– y el fallo declaró el carácter laboral indefinido del trabajador, él pasó a formar parte del personal y, por eso, y según indica el convenio colectivo en su artículo 19, “será remunerado por el Ayuntamiento según los conceptos y cuantías que sean determinadas por la legislación vigente sobre la materia en el presente convenio colectivo”.
Francisco Lorente, abogado laboralista de CCS Abogados que ha presentado y defendido el recurso de suplicación, destaca que, de la misma manera, que el principio de igualdad provocó que los tribunales aceptaran “que los falsos autónomos fueran reconocidos como indefinidos no fijos, ahora estas mismas razones aconsejan que la situación de estos trabajadores contratados fraudulentamente no se regularice reconociéndoles un sueldo superior a los demás trabajadores del concello, ya que deriva de un contrato fraudulento, sin ningún tipo de control presupuestario en muchos casos. Sería discriminatorio para todos los que entraron de forma regular”, dice.
Así pues, prosigue el letrado, en este caso, y aunque en 2015 el jardinero fue declarado indefinido no fijo del ayuntamiento del municipio coruñés, al ser la anterior relación fraudulenta, ahora el TSXG dice que, para la fijación del salario del trabajador, debe acudirse al sueldo que le corresponda según su categoría de conformidad con las tablas salariales y no tomar como referencia la cantidad que venía facturando en base a un contrato fraudulento.
“La pretensión del recurrente consiste en que le corresponde las diferencias salariales entre lo que percibía como facturación cuando trabajaba en el concello como autónomo y el que recibe ahora tras declararse la relación laboral indefinida, por fraude en la contratación, no se admite”, detalla el tribunal en su resolución.
Lorente señala que la cuestión sería distinta si se tratase de un falso autónomo que denunciase a una empresa privada, porque ahí no habría un control presupuestario detrás, y sí podría mantener la retribución que venía percibiendo, por no haber una norma que indique otra cosa. Pero, “en el caso de las Administraciones Públicas es distinto, porque esta cuestión está resuelta en la disposición adicional primera del real decreto-ley 20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria. La citada norma indica que en el supuesto de que en virtud de sentencia judicial los trabajadores de las empresas se convirtiesen en personal laboral de la Administración, el salario a percibir será el que corresponda a su clasificación profesional de acuerdo con el convenio colectivo aplicable al personal laboral de la Administración”.
El trabajador, con un acuerdo verbal con el concello desde 1995, ganó, en 2015, un primer juicio