La sequía requiere más que poner parches
El agravamiento de la sequía en las últimas semanas supone un recordatorio amargo de las consecuencias de no disponer de una política hidrológica nacional a largo plazo. Ésta debería orientarse no sólo a impedir que episodios coyunturales de falta de lluvias puedan poner en riesgo la viabilidad de los regadíos, evitar que se incrementen las tensiones inflacionistas sobre los alimentos o solventar la situación crítica de muchas explotaciones agrícolas por la escalada imparable de sus costes desde mediados de 2021. El nuevo plan de inversiones hasta el año 2027 para mejorar la eficiencia de los regadíos por valor de 2.130 millones de euros aprobado ayer por el Consejo de Ministros, de los que dos tercios procederán de los fondos europeos de recuperación, es una iniciativa bien enfocada para reducir el gasto de agua en la producción agrícola, si bien la mitad del gasto proyectado se concentrará en apenas tres regiones: Andalucía, Aragón, y Castilla y León. Pero esta medida necesaria de ahorro no deja de ser otro parche a la falta de infraestructuras que puedan garantizar los suministros que precisan los regantes en todo el territorio de nuestro país para poder seguir siendo competitivos a futuro. El Gobierno debe afrontar de forma seria la realidad de nuestro país en materia de agua: mientras algunas regiones sufren un déficit crónico de recursos hídricos, en otras zonas se vierten al mar cada año miles de hectómetros cúbicos. Un sinsentido que podría haberse solventado si se hubieran puesto en marcha infraestructuras como el malogrado trasvase del Ebro, que canceló el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2004 nada más llegar al poder sin poner en marcha una solución alternativa que garantizara los mismos recursos que hubiera aportado esta obra a las cuencas deficitarias. Las desaladoras proyectadas a partir de entonces han resultado ser claramente insuficientes para cubrir esos déficits, además de haber causado perjuicios como mayores costes para los regantes y la contaminación de las tierras generada por determinados componentes del agua desalada. Aun así, el actual Ejecutivo ha decidido en base a prejuicios ideológicos restringir todavía más los trasvases existentes aumentando el caudal ecológico de los ríos cedentes e insiste en la fórmula de la desalación como base de su política de agua. Sin un planteamiento más ambicioso que no excluya ninguna opción, la viabilidad del sector agrícola seguirá estando comprometida.
Sin una política más ambiciosa, el futuro del sector agrícola seguirá estando comprometido