El Constitucional admite a trámite los recursos de Madrid y Galicia contra el impuesto a fortunas
Avanza la batalla legal de las autonomías gobernadas por el PP contra el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas del Gobierno de Pedro Sánchez. El Tribunal Constitucional (TC) comunicó ayer que ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por la Comunidad de Madrid y la Xunta de Galicia contra dicho tributo por considerar que invade y vulnera sus competencias en materia fiscal. Era la crónica de una admisión a trámite anunciada después de que el alto tribunal diera luz verde en marzo al recurso interpuesto por la Junta de Andalucía. No obstante, ayer, al igual que entonces, el Constitucional rechazó suspender cautelarmente la aplicación del impuesto como reclamaban el gobierno andaluz, que preside Juanma Moreno, y la Comunidad de Madrid, que encabeza Isabel Díaz Ayuso. “La denegación de la medida cautelar responde a la manifiesta falta de cobertura legal, en la Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional, de una decisión de suspensión de la eficacia o la ejecución de las leyes estatales”, argumentaron los magistrados del TC, que el pasado 21 de marzo ya rechazaron suspenderlo a petición de la Junta de Andalucía, que presentó un recurso de súplica que ha sido desestimado.
El consejero madrileño de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, denunció ayer que el Gobierno de Pedro Sánchez creó este impuesto “saltándose las competencias de la Comunidad de Madrid” e imponiendo este tributo, que la región “tiene suprimido desde hace catorce años”. Fernández-Lasquetty, quien insistió en que “es un impuesto dañino”, que “va contra el ahorro y la inversión”, añadió que el tributo a las grandes fortunas se aprobó “de la manera más irregular”, ya que el procedimiento no admitió enmiendas. Madrid, Andalucía y Galicia son las tres comunidades más afectadas por el nuevo impuesto creado por el Ejecutivo a finales de 2022 para empezar a gravar ya desde 2023 a los patrimonios superiores a los tres millones de euros, ya que son las únicas autonomías que tienen Patrimonio bonificado: Madrid y Andalucía al 100%, mientras que Galicia aplica un descuento del 50%.
El TC ha rechazado la suspensión cautelar del impuesto, como pedía Madrid