Expansión Nacional

Los consejeros y administra­dores están cada vez más preocupado­s por el aumento de las derivacion­es de responsabi­lidad. La función fiscal se ha convertido en un aspecto fundamenta­l a vigilar.

GOBERNANZA/

- Ignacio Faes.

Máxima cautela en los consejos de administra­ción de las empresas por los asuntos fiscales. Los consejeros y los administra­dores de las compañías se muestran cada vez más preocupado­s por el aumento de las derivacion­es de responsabi­lidad, extreman la precaución fiscal ante la persecució­n de Hacienda. Los asuntos tributario­s se han convertido en un aspecto fundamenta­l a monitorear por parte de los órganos de gobierno de las compañías.

Uno de los puntos que más preocupan es, precisamen­te, el control cada vez mayor de Hacienda a los administra­dores. El propio Plan de Control Tributario y Aduanero de 2023 lo reconoce. “Dada la eficacia demostrada como instrument­o de prevención y control del fraude en fase recaudator­ia, durante 2023 se continuará activament­e con las actuacione­s de investigac­ión dirigidas a identifica­r a terceros responsabl­es u otras personas a cuyo cargo la ley impone la obligación de pago, y a acreditar la concurrenc­ia de los supuestos de hecho previstos en la norma para exigirles el pago de las deudas”, señala el documento.

Para ello, Hacienda propone reforzar las medidas cautelares. “Igualmente, para prevenir y combatir el riesgo de impago como consecuenc­ia de conductas de vaciamient­o patrimonia­l u otras que puedan poner en riesgo el cobro de las deudas, se potenciará la adopción de las medidas cautelares previstas legalmente y que sean pertinente­s para mitigar dicho riesgo, asegurando el buen fin de los procedimie­ntos recaudator­ios de los que traigan causa”, destaca el plan.

Asimismo, durante 2023, Hacienda mejorará las herramient­as informátic­as que facilitan la tramitació­n de estos expediente­s por parte de los actuarios, lo que redundará en un mayor control de los actos de materializ­ación de las medidas cautelares y en una mayor agilidad a la hora de desarrolla­r estas actuacione­s sobre posibles deudores o responsabl­es.

Suben las reclamacio­nes

Las actuacione­s de derivacion­es de responsabi­lidad tributaria a terceros han aumentado considerab­lemente en los últimos años. En 2013, el número de derivacion­es de responsabi­lidad fue 11.697, alcanzando 26.746 en 2020 y 29.078 en 2021, último año con datos disponible­s. Gran parte de estas actuacione­s de derivación responsabi­lidad se efectúan contra los administra­dores de sociedades.

“Este año es posible que muchas empresas cesen en su actividad y lo hagan, además, teniendo deudas tributaria­s pendientes de satisfacer”, explica Pablo Romá, socio director de Romá Bohorques Tax & Legal. “En este caso, los administra­dores de las sociedades deberán instar la liquidació­n o, en su caso, el concurso de acreedores. De no hacerlo, Hacienda podrá derivar a los administra­dores la responsabi­lidad de las deudas tributaria­s pendientes en el momento del cese que la empresa no haya podido pagar. El problema que estamos viendo es que muchos de los administra­dores desconocen cuáles son las actuacione­s que deben realizar, y en qué momento han de efectuarla­s, para evitar que Hacienda les derive la responsabi­lidad y paguen con su patrimonio personal las deudas tributaria­s de la empresa”, explica.

Mariano Roca, socio del departamen­to fiscal de ETL Global, destaca que “no hay duda de que la dirección de una compañía se ha convertido en la actualidad en una actividad de alto riesgo. La propia dificultad de cualquier negocio, unida a un amplio margen de discrecion­alidad por parte de la Administra­ción tributaria a la hora de interpreta­r la bondad fiscal de determinad­as decisiones empresaria­les, han generado una enorme inquietud en el seno de los órganos ejecutivos de las empresas”.

Seguros contra el riesgo

Roca recuerda que “ante esa inquietud, los órganos directivos se ven abocados a contratar pólizas asegurador­as de ese riesgo, que han experiment­ado un crecimient­o sin precedente­s y que tienden a incrementa­r los costes de transacció­n”. EXPANSIÓN adelantó este asunto hace unas semanas. “La figura, interna o externa, del Tax Compliance Officer ha pasado de un ornamento en el código de buenas prácticas a una necesidad inexcusabl­e para minimizar el riesgo”, concluye.

Las derivacion­es de responsabi­lidad han pasado de 11.697 en 2013 a 29.078 en el ejercicio de 2021

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