La Comisión Europea ha abierto una consulta para decidir si los generadores de gran tráfico digital deben pagar una tasa que contribuya a la inversión en las redes.
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Google, Netflix, Facebook, Microsoft... Gigantes de la era digital que nos acompañan en nuestro día a día y que desde hace ya años han impactado de lleno en nuestros hábitos cotidianos, con cientos o miles de millones de personas en todo el mundo haciendo cada día búsquedas en Internet, viendo películas o series en streaming o consumiendo información, publicando fotos e interactuando a distancia con otras personas.
Según un documento elaborado por Stefano de Luca, analista de políticas especializado en telecomunicaciones en la Unidad de Políticas Digitales del Servicio de Investigación del Parlamento Europeo, el tráfico mundial de Internet se lo reparten en un 48%: Google (13,9%), Netflix (13,7%), Facebook (6,5%), Microsoft (5,1%), Apple (4,6%) y Amazon (4,2%).
Esto ha dado lugar a que se abra un debate sobre si este tipo de compañías y plataformas digitales, cuyo beneficio llega del consumo que los usuarios hacen de sus contenidos a través de Internet, deben o no contribuir de una forma extraordinaria a las inversiones en la conectividad e infraestructura de las redes de telecomunicaciones que permiten dicho consumo.
El pasado 23 de febrero la Comisión Europea abrió una consulta pública al respecto que se cerrará el 19 de mayo. El comisario de Mercado Interior y Servicios, Thierry Breton, indicó que “el Internet de alta velocidad requiere grandes inversiones”, por lo que “además de facilitar el despliegue de la red a corto plazo, estamos explorando la importante cuestión de quién debe pagar la próxima generación de infraestructura de conectividad, e incluso si las plataformas deben compartir el coste de la inversión en conectividad de próxima generación con los operadores de telecomunicaciones”.
Reclamación
La contribución de las grandes tecnológicas y plataformas digitales –a las que ya se está cercando con la fiscalidad internacional– para sufragar estas inversiones es una reclamación que vienen haciendo los operadores de telecomunicaciones en los últimos años, en lo que se viene denominando como el debate de la “contribución justa”. Sugieren que estos grandes generadores de tráfico se están aprovechando de sus inversiones en la red de 5G y fibra óptica para soportar tales volúmenes de datos sin asumir los costes de implementación.
Por su parte, los grandes generadores de tráfico argumentan que ya contribuyen al ecosistema de Internet el realizar fuertes inversiones en infraestructuras como centros de datos, cables submarinos y satélites, además de crear contenido en Internet que, defienden, hace que los usuarios contraten los servicios de los operadores.
Un reciente estudio de la Comisión Europea estima que es necesaria una inversión de 174.000 millones de euros para lograr los objetivos de que en 2030 todos los hogares de la UE dispongan de una red fija de un gigabyte y todas las áreas pobladas estén cubiertas por el 5G.
En este contexto, estudios promovidos por las telecos señalan que el tráfico de datos generado por estas grandes empresas tecnológicas podría suponer costes de entre 36.000 y 40.000 millones de euros en gestión y despliegue de las redes para poder soportar dicho tráfico. Por el contrario, las plataformas digitales lanzan estudios que destacan que estas compañías invirtieron 183.000 millones de euros en la infraestrcutura de Internet europea entre 2011 y 2021.
Otra cuestión es de qué manera se diseñaría esa mayor contribución de las tecnológicas, a qué se destinaría la contribución y a quién beneficiaría. Una de las opciones es el pago de un impuesto cuya recaudación vaya a la administración pública; otra, crear tasas finalistas dirigidas directamente a la financiación de infraestructuras, y otra, que paguen directamente una tasa a las telecos. En cualquier caso, existe el temor de que las compañías repercutieran el coste a los usuarios mediante un mayor pago de suscripción o con un incremento de la publicidad.
Mientras tanto, en Estados Unidos hay por un lado jurisdicciones que cuentan con redes públicas y que cobran a los usuarios por conectarse, y, por otro, ciudades de diversos estados que han creado tasas sobre la transmisión de datos por el uso que se hace del espacio público para poder establecer la infraestructura.
Se trata de una cuestión con implicaciones complejas a nivel de competencia, mercado y uso de las redes que plantea un nuevo plano en el campo tributario. El debate está servido.
Las ‘telecos’ critican que las tecnológicas se benefician de sus inversiones sin asumir ningún coste
Las grandes digitales argumentan que gracias a su contenido las ‘telecos’ cobran a sus clientes