Apremia incentivar una jubilación más tardía

Cuando todavía no ha recibido el visto bueno de la Comisión Europea a la segunda parte de su reforma de pensiones, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se apresta a negociar con los agentes sociales nuevos incentivos al retraso de la jubilación. Unas medidas más que urgentes en vista del desbocado crecimiento del gasto en pensiones, que bate récords cada mes, pero que supone el reconocimiento implícito de la insuficiencia de los cambios aprobados a lo largo de la legislatura para tratar de garantizar la sostenibilidad futura del sistema público de previsión social. Escrivá ha defendido a capa y espada la suficiencia de su reforma de pensiones, descalificando todos y cada uno de los análisis independientes publicados sobre el impacto en los gastos e ingresos de la Seguridad Social. El consenso de los expertos asegura que la falta de ajustes en el volumen de las pensiones provocará que, a medio plazo, incluso aumente el déficit de este organismo e impedirá una reducción relevante de su histórico endeudamiento, que con Pedro Sánchez en el Gobierno ha superado los 100.000 millones de euros por primera vez. Las proyecciones demográficas hacen si cabe más apremiante lograr un retraso de la jubilación, en contra de lo sucedido en 2022, cuando el fuerte aumento de las pensiones que anuló en la práctica las penalizaciones al retiro anticipado propició un crecimiento acelerado de las salidas del mercado laboral, generando tensiones adicionales a las arcas de la Seguridad Social. Por eso, la principal medida que debe tomar el Ejecutivo en materia de pensiones es evitar nuevos anuncios populistas.