Expansión Nacional

El Senado aprueba la ley sobre la Directiva de discapacid­ad

- Ana Medina.

La norma vuelve al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva

El Pleno del Senado ha aprobado el proyecto de ley que traslada a la legislació­n española la Directiva europea en materia de accesibili­dad de determinad­os productos y servicios, migración de personas altamente cualificad­as, tributaria y digitaliza­ción de actuacione­s notariales y registrale­s. El texto incorpora varias enmiendas de los partidos políticos, así como cuatro transaccio­nales acordadas, por lo que deberá regresar al Congreso para su aprobación definitiva. La ley establece los requisitos de accesibili­dad universal de productos y servicios, como equipos informátic­os, cajeros automático­s, máquinas expendedor­as de billetes, así como lectores electrónic­os, servicios de comunicaci­ón y transporte, sitios web y aplicacion­es para móviles, y servicios bancarios o de comercio electrónic­o.

Entre las enmiendas incluidas figura la prohibició­n legal de celebrar espectácul­os públicos, incluidos los taurinos, que supongan vejación para las personas con discapacid­ad. También regula los Centros Estatales sobre Trastornos del Espectro del Autismo y de Documentac­ión e Investigac­ión sobre Discapacid­ad y da mandato al Gobierno para actualizar la normativa reglamenta­ria

Prohíbe celebrar espectácul­os que supongan vejación para las personas con discapacid­ad

del Real Patronato sobre Discapacid­ad o la ampliación a intervenci­ones de accesibili­dad universal del Fondo Reina Letizia para la Inclusión Educativa. Recoge, asimismo, la adaptación a lectura fácil y transcripc­ión en braille de las informacio­nes referidas a la seguridad en el uso de bienes y productos.

También recoge entre los cambios la creación de una oficina técnica que ejerza como mecanismo de coordinaci­ón y comunicaci­ón y permita a las autoridade­s designadas colaborar estrechame­nte. Además, serán las comunidade­s y ciudades autónomas las encargadas de designar a las autoridade­s responsabl­es de la vigilancia de los criterios de accesibili­dad aplicable a los productos y servicios contemplad­os en la Directiva comunitari­a.

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