Aragonès intensifica la pugna con Junts llevando el referéndum al Senado
Las autonomías del PP rechazan el plan secesionista, con Madrid en cabeza. Ayuso ve en juego las pensiones y cree que un eventual estado catalán nacería con una“hipoteca”: la deuda superior al 120% del PIB.
La precampaña total que vive Cataluña se trasladó ayer en el Senado. El president de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, aprovechó la ocasión para reivindicarse ante los socialistas y Junts. A los primeros, que son los favoritos en las encuestas, les recordó que es el independentismo quien tiene la sartén por el mango, ya que sus diputados son decisivos en el Congreso. Con su viaje a Madrid, quiso evidenciar su apuesta por la institucionalidad, en contraste con la ruptura del candidato neoconvergente, Carles Puigdemont.
El órgano al que acudió Aragonès ayer, la comisión general de comunidades autónomas, aprobó un informe muy duro contra la ley de amnistía, que tras ser convalidada inicialmente en el Congreso, ahora está tramitándose en la Cámara Baja.
Según el escrito, que salió adelante gracias a la mayoría absoluta del PP, el archivo de todas las causas judiciales del procés es una amenaza para la democracia. Supondrá una “deslegitimación” de la reacción de todos los poderes del Estado ante la declaración unilateral de independencia que aprobó el Parlament en otoño de 2017 con el apoyo de ERC, la extinta Convergència y la CUP.
Por una parte, los tribunales situaron fuera de la ley todas sus actuaciones y las persiguieron. Las Cortes aprobaron la intervención de la autonomía catalana apelando al artículo 155 de la Constitución, un mecanismo inédito hasta entonces, y que aplicó el Ejecutivo, según recuerda el texto.
“Modo de vida”
Al igual que Aragonès, a la sesión de ayer acudieron más presidentes autonómicos. Los que tomaron la palabra del PP se mostraron muy duros contra el referéndum, y la que más contundente se mostró fue la madrileña Isabel Díaz Ayuso. Según afirmó, los nacionalistas “hacen de su proyecto corrupto su modo de vida contra la propia Cataluña”. Por esta razón, lamentó la complicidad del Gobierno hacia ellos, puesto que necesita sus votos en el Congreso.
Díaz Ayuso también aseguró que un eventual estado catalán nacería con serios problemas que pondrían en peligro la paz social y sus viabilidad financiera. Así, recordó que en la actualidad, el gasto en pensiones de la Seguridad Social en Cataluña es muy superior a las cotizaciones, por lo que la continuidad de esta prestación peligraría. Otro desafío sería la deuda pública, superior al 120% del PIB, lo que sería toda una “hipoteca” de futuro. Por esta razón, pidió al independentismo un replanteamiento de prioridades.
“Estamos ante un golpe que será imparable si no reaccionamos a tiempo”, proclamó Díaz Ayuso. En este sentido, el murciano Fernando López Miras consideró que esta norma es “el principio de la hoja de ruta secesionista” y avisó que el “precio a pagar” por su “chantaje” al Gobierno “no dejará de subir”. Por esta razón, consideró que la “distensión” que teorizan tanto los socialistas como Sumar no se va a producir.
De hecho, Aragonès avisó que tanto el presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, como el jefe de la oposición en el Parlament y candidato del PSC a la Generalitat, Salvador Illa, no tendrán más remedio que rectificar con el referéndum que propone y también el nuevo modelo de financiación.
El republicano recordó que ambos se opusieron a la amnistía, pero sin embargo han tenido que “cambiar de opinión”, ya que necesitan los escaños independentistas. Por ello, vio “inevitable” su propuesta de financiación “singular”, presentada semanas atrás, en la que plantea equiparar Cataluña a las autonomías forales, en la que la gestión y recaudación de todos los impuestos se ocuparía la Generalitat, a través de su Agencia Tributaria.
La sesión de ayer también estuvo marcada por las ausencias. Los barones socialistas decidieron no ir por no estar dispuestos a que el PP les usase en su campaña contra la amnistía. Fue el caso del asturiano Adrián Barbón y el castellano-manchego Emiliano García-Page. Este último es el cargo institucional del PSOE más crítico con la amnistía.
De la bancada del PP, tampoco fueron el gallego Alfonso Rueda, el andaluz Juan Manuel Moreno, la balear
Marga Prohens, la cántabra María José Sáenz de Buruaga o el riojano Gonzalo Capellán.
Pese al informe que aprobó la comisión general de las comunidades autónomas y los esfuerzos que está haciendo el PP en el Senado para oponerse a esta norma, el texto regresará al Congreso, donde con toda probabilidad, será convalidado de forma definitiva entre finales de mayo y principios de junio. Era un calendario que beneficiaba a Puigdemont, cuyo partido, Junts, había iniciado los trámites internos para que volviera a ser su candidato a las