Corrupción y aumento de la desigualdad
La corrupción perjudica mucho más que su importe cuantitativo, ya que deteriora la imagen de la justicia en general y multiplica sus efectos.
Lamentablemente España vuelve a sentir el drama de la corrupción en las más altas esferas institucionales, por lo que podemos presumir que afecta a miembros que los son o fueron del Gobierno, ministros, altas autoridades y cargos, consejeros y presidentes de comunidades autónomas, y al partido principal del gobierno.
Como sabemos, se publican clasificaciones de los países por su nivel de corrupción estimado por diversos métodos, que son necesarias en los procesos de prevención de blanqueo de capitales y evasión fiscal. O también, usados por inversores para seleccionar destinos de inversión seguros a nivel internacional, con menor riesgo de arbitrariedad por parte de las instituciones que adoptan decisiones, o de los agentes que operan en el mercado, como las empresas con las que competirán en el país de destino.
Dichos rankings obligan a un estricto y mayor análisis, por lo que dan menores oportunidades al país en cuestión de recibir inversiones nacionales o internacionales, o sea, las disminuyen, y en consecuencia, afectan a la balanza de pagos, y a la balanza por cuenta corriente y de capitales.
En resumen, la corrupción afecta de lleno de forma mucho más negativa que su importe cuantitativo, ya que deteriora de forma notoria la imagen de la justicia en general, multiplicando sus efectos, y en particular a la imagen y percepción por la ciudadanía de la justicia social del país. Ya que los que “están en el círculo de los corruptos” operan con mayores posibilidades de éxito, distorsionando la competencia, la eficiencia y eficacia en la asignación de factores productivos, el comportamiento de los agentes económicos y al rendimiento de inversiones y asignación de recursos.
Pérdida de oportunidades y disminución del bienestar social
Así mismo, afecta directamente a las posibilidades de desarrollo y generación de riqueza del país que ampliarían las oportunidades de sus ciudadanos, sus inversiones y la asignación más óptima de los recursos que servirían para aumentar el PIB a distribuir, que bien repartido por políticas públicas, y sin duda, a la mejor pre distribución por el comportamiento de los agentes. Esto, permitiría aumentar las posibilidades de los menos afortunados; sin embargo, las corruptelas sólo sirven para dañar la igualdad de oportunidades sociales y económicas, y por tanto, para aumentar la desigualdad en la distribución de la renta nacional, afectando mucho más a los grupos de población más vulnerables y desprotegidos.
Por tanto, la distribución del rendimiento en general es menos óptima que sería de proceder solo por competencia en los mercados, alterados estos por los efectos de la ventaja de que gozan los agentes que intervienen en los procesos injustos de corrupción. Alterando su competitividad de manera desproporcionada, aumentando la posibilidad de abuso de la posición en el mercado sobre el que mayor capacidad tiene, ya que aceptan el precio de la corrupción, generando una menor competitividad, eficiencia y eficacia en la asignación de recursos y una mayor inequidad en el reparto de la riqueza, aumentando la desigualdad económica.
También, afecta a los mercados ya que presupone que haya asimetría informativa porque los operadores que participan en la corrupción disponen de información privilegiada mediante pagos o concesión de favores por la información. Se internaliza en el sistema el coste de la corrupción distribuyendo su coste entre todos los ciudadanos e inversores al alterar la asignación eficaz y eficiente de los factores de producción. Ya sea el factor capital, en las inversiones; el factor trabajo, en el destino de determinados recursos humanos a dichas labores; o incluso el factor tierra, en particular en el caso de corrupción que afecte, como es frecuente, a mercados de promoción, construcción o inmobiliario.
Además, disminuye el atractivo del país o zona, al afectar a la competencia del mercado, alterando la información de los agentes y su actuación, la distribución óptima de los recursos productivos, y en consecuencia, al comportamiento de los agentes económicos: sean ciudadanos o empresas y a la propia administración pública y sus organismos, tales como agencias, entes, servicios y empresas públicas en sus diversos niveles municipales, comarcales, provinciales, regionales, nacionales o en nuestro caso a nivel internacional, europeo o en otros ámbitos internacionales.
En las administraciones, sus efectos más inmediatos, ya que generan una distribución ineficiente e ineficaz de los recursos públicos, que alteran en buena medida el comportamiento de los agentes privados –que se “apropian” de rentas públicas de forma indebida, alterando negativamente los objetivos para los que fueron presupuestados para una asignación eficiente y eficaz–, disminuyen el óptimo social total, que una vez actuado pueden llevar a una captura de ciertos reguladores que actúan en el proceso.
La corrupción solo se puede combatir cuando las principales autoridades quieren de verdad, aprueban y ponen en marcha normas y mecanismos de prevención. Estas normas son para aplicarse, creando organismos de control colegiados independientes, en distintos niveles y de diversa distribución geográfica, y órganos colegiados de supervisión y asignación, que penalizan su alteración, o sea, su incumpliendo.
Por tanto, los mecanismos y normas con que se dotan a las autoridades administrativas y judiciales, no son solo para hacer de ellas declaraciones públicas en las que se presume de actuar en su contra, sino que son los mecanismos y organismos de prevención los que han de funcionar y actuar con completa libertad, para que cuando se producen incumplimientos sean penalizados con procesos transparentes y públicos.
Las declaraciones públicas ayudan, apoyan, pero son los mecanismos internos de control en concesiones de licencias, permisos, autorizaciones, subastas, adjudicación de compras de bienes y servicios, obras y concesiones y otros, los que deberán estar diseñados para evitar la arbitrariedad y la corrupción de autoridades políticas, administrativas y de empresas y particulares.