Los partidos catalanes chocan con El Prat, financiación y fiscalidad
Los principales candidatos desoyen el clamor empresarial a favor de los consensos y las rebajas impositivas en el único debate económico que tendrá lugar antes de las elecciones.
Los empresarios catalanes tienen muy clara cuál tiene que ser la hoja de ruta en la nueva legislatura catalana. Entre ellas, evitar una fiscalidad “extractora”, más inversión en infraestructuras o facilitar a las pymes el incremento de su tamaño, en palabras del presidente de la patronal de pymes Pimec, Antoni Cañete. Son demandas que para ponerse en marcha requieren de consenso en el Parlament, aunque sobre estas cuestiones, las posiciones que defienden los principales partidos están muy alejadas. Así se evidenció en un debate que ayer organizó esta organización empresarial en Barcelona. Acudieron el primer secretario del PSC, Salvador Illa; el president y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès; el número tres de Junts+, Josep Rull; la líder de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, y el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández.
A diferencia de los últimos debates televisados, en el de ayer hubo fair play. El único que buscó el cuerpo a cuerpo dialéctico fue Fernández. La composición del auditorio, mayoritariamente empresarial, y las preguntas que formularon, centradas en el día a día a las empresas, contribuyeron a la serenidad, en contraste con el clima de alta tensión que vive el Parlament desde hace más de 10 años.
Los directivos y autónomos expresaron su inquietud ante el lento despliegue de las renovables o qué harán en la nueva legislatura para que se ponga en marcha una nueva financiación o también su preocupación por cuestiones que afectan a su día a día. Entre ellas, la elevada burocracia o que Cataluña es la comunidad con la tercera tasa de ausentismo más elevada, de casi un 8%.
Metropolitana y el Gobierno. El primer secretario del PSC defendió dos inversiones que el Estado no ha acometido ante la falta de acuerdo con la Generalitat, como el tramo central de la B-40 –también denominado Cuarto Cinturón, del que se habla desde los años 90– y la ampliación del aeropuerto del Prat.
Los comunes lamentaron el retraso en la construcción del Corredor Mediterráneo y el bajo peso que tiene el transporte ferroviario en España, dos competencias que dependen del Gobierno, cuyo socio pequeño es su referente a nivel nacional, Sumar. Junts+ cargó contra el bajo porcentaje de ejecución presupuestaria por parte del Gobierno, en palabras de Rull, que fue conseller de Territorio entre 2016 y 2017, algo de lo que responsabilizó tanto “a los socialistas y a ERC”.
Aragonès hizo gala de haber arrancado al PSOE el traspaso de Cercanías en las negociaciones de la investidura, y que concretar el calendario debe ser una de las prioridades de la nueva legislatura. La gestión de este servicio, ahora en manos de Renfe, debe hacerse “desde la proximidad”, dijo el mandatario autonómico, quien también exigió que ocurra lo mismo con el aeropuerto del Prat, una vieja demanda del empresariado.
El resto de partidos echaron en cara a Aragonès que haya inversiones en la red hídrica pendientes desde hace más de 15 años, muy necesarias después de que, a principios de año, se declarase el estado de emergencia por sequía. La oposición también lamentó que Cataluña esté en la cola en el despliegue de renovables. Para Alejandro Fernández, la comunidad tiene un problema crónico, que es la consolidación de la “cultura del no”, y que se traduce en el bloqueo por parte de alcaldes de parques eólicos o fotovoltaicos por su impacto a nivel paisajístico y ambiental. “¿Cómo vamos a cerrar las nucleares?”, se preguntó.
En otoño de 2022, Junts decidió tras una consulta interna a la militancia salir del Govern e irse a la oposición. Desde entonces, ERC gobierna en minoría, con el apoyo de 33 diputados de un total de 135. Después de que el Parlament no admitiera a trámite el proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2024, Aragonès decidió anticipar las elecciones, inicialmente previstas para febrero. Rull reprochó a Esquerra su incapacidad para tender puentes: “En el último debate de política general, el Govern perdió el 70% de las resoluciones”, lamentó.
Desde la coalición de Carles Puigdemont, se pidió a Aragonès un cambio de rumbo a nivel fiscal y en este punto, coincidió con el PP: hay que bajar los impuestos. Es una demanda que Illa aseguró que hay que estudiar de forma muy cuidadosa. No cierra la puerta del todo pero rechaza una disminución generalizada, ya que la presión fiscal en la comunidad es inferior a la media europea.
Por el contrario, Fernández aseguró que Cataluña debería emular a la Comunidad Valenciana. Tras la llegada del PP, se eliminó el impuesto de Sucesiones de padres a hijo. Para el dirigente popular, no es una excusa el modelo de financiación, tal como dicen independentistas e izquierdistas, ya que la situación de la Generalitat Valenciana es “peor”. En su opinión, cuando hay voluntad política, hay margen para actuar.
Albiach aseguró que no tiene sentido que en una ley aprobada años atrás, el Parlament situase los impuestos del complejo de ocio y juego que está proyectándose en Tarragona, Hard Rock, a un tipo como “los casinos en Macao”. Es una demanda que aparecía en la camiseta que llevaba. Precisamente, fue Hard Rock lo que bloqueó los presupuestos de la Generalitat de 2024, ya que la coalición de Albiach exigió su bloqueo. Al no prosperar las cuentas, Aragonès anticipó las elecciones. Sobre impuestos, el president recordó que el proyecto que había presentado contemplaba una rebaja del tipo más bajo del IRPF, “que hubiese beneficiado al 70% de los contribuyentes”.
Illa recordó que el Estatut de 2006 abre la puerta a que sea un consorcio formado por el Estado y la Generalitat quien se ocupe de recaudar e inspeccionar todos los impuestos y que este punto no resultó afectado por el recorte que en 2010 realizó el Tribunal Constitucional.
Tanto el PP como los secesionistas rechazaron la promesa socialista. Fernández consideró que mientras que esté activo el procés, no va a ser posible reabrir este debate. Junts y Aragonès defendieron el concierto, pero chocaron a la hora de valorar la propuesta que hace menos de un mes presentó el Govern de ERC, quien plantea equiparar Cataluña a las autonomías forales con un sistema “singular” y “bilateral”.
Fue el número tres de Junts+ quien asistió al debate y no Puigdemont, puesto que consideró que el expresident vio “indigno” participar mediante una videoconferencia. Aragonès apeló en varias ocasiones a que quiere debatir presencialmente con él. Pese a su ausencia, Puigdemeont estuvo muy presente en el debate. Se ha instalado en el sur de Francia, donde hará su campaña, y ha asegurado que regresará si el Parlament le propone candidato a la investidura. Entonces, ya estará en vigor la ley de amnistía, que ERC y su partido arrancaron a Sánchez en la negociación de la investidura.
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El rol patronal
Albiach resaltó en varias ocasiones que, con su coalición, la interlocución de Pimec ha mejorado. Así, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha incluido por primera vez a la patronal de pymes en el diálogo social a nivel nacional. El debate, el único sobre economía antes de los comicios autonómicos, contribuye a reforzar el rol de la entidad que preside Cañete, que lleva tiempo reclamando consensos, al igual que Foment del Treball, que aglutina a la gran empresa catalana.
Precisamente, el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, y otros de sus directivos viajaron ayer al Sur de Francia para entrevistarse con Puigdemont y entregarle sus propuestas para el 12-M. Entre ellas, poner fin al “infierno fiscal” que, en su opinión, sufre Cataluña.