Talgo: El Gobierno ha acudido a Criteria para tantear su apoyo ante la opa del consorcio húngaro
hasta llegar al 10%.
En la medida en que el Ejecutivo no interfiera en la gestión de la compañía, más allá de dar su opinión como accionista igual que el resto, los intereses de éste y del grupo la Caixa, que lleva 30 años participando en el capital, confluyen y pueden permitir mantener el carácter nacional de la compañía. Criteria, que ha ido comprando acciones de la operadora desde hace mucho tiempo, tiene ya algo más del 5%, mientras que el banco ha reducido su participación a menos del 3%. Es probable que la entidad financiera siga reduciendo su participación y que de manera más o menos en paralelo Criteria la siga aumentando aunque sea ligeramente.
El problema surgido en Naturgy viene de lejos. Hace años la antigua Gas Natural estaba controlada por el grupo la Caixa y por Repsol, donde durante muchos años también el grupo de origen catalán tuvo una participación significativa tras su privatización. La decisión de Repsol, y en parte de la Caixa, de salir del accionariado de la gasista, provocó un cambio accionarial relevante que permitió primero a GIP y luego a CVC (dos fondos de inversión con visión a medio plazo) entrar en el capital con algo más de un 20% cada uno quedándose Criteria como el primer accionista con cerca del 23% del capital. La participación real de CVC es del 15% ya que el grupo March tiene un 5% mediante un inversión conjunta, aunque todo parece indicar que se sumará a la operación de venta.
La paz entre los accionistas principales se mantuvo hasta que en 2021 el fondo australiano IFM lanzó una opa parcial (sobre el 20% del capital) después de haber advertido a GIP y CVC, que anunciaron que no acudirían a la misma, y a espaldas del primer accionista, Criteria. Si la opa triunfaba los tres fondos juntos podían controlar la compañía y decidir trocearla para obtener plusvalías relevantes. Criteria entendió que Naturgy es significativa dentro de la economía nacional y, además, que se trata de una compañía que proporciona elevados dividendos que contribuyen decisivamente al mantenimiento de la obra social de la fundación la Caixa. Finalmente la opa consiguió algo más del 10% del capital, pero IFM tiene en la actualidad el 15% del capital.
Las relaciones de Criteria con IFM no han mejorado precisamente y los otros dos fondos consideran, con distinta intensidad, que han cumplido el periodo de inversión y querrían buscar una salida que les permita recuperar lo invertido y una razonable plusvalía a sumar a los dividendos obtenidos en estos años. GIP, el primero que entró y por lo tanto el que tendría más prisa por salir, ha sido adquirido por BlackRock, lo que podría retrasar esa necesidad de materializar su venta.
Para facilitar la salida y mantener la estrategia y el equipo gestor, Criteria ha comunicado a la CNMV que explora posibles entradas de nuevos accionistas, fondos de Emiratos, que pudieran hacerse con todo, o parte, del paquete de los vendedores. Naturalmente el posible acuerdo que alcanzaran esas dos partes dependerá de ellas, y ahí el precio es la variable relevante, y lo que Criteria busca es que Naturgy recupere la estabilidad accionarial, quede clara su estrategia de negocio y el papel relevante que debe jugar la propia Criteria en la posible nueva realidad. Dada la relevancia de la compañía energética dentro del panorama nacional, el Gobierno debería facilitar el posible acuerdo que se alcance dando la autorización a la posible entrada del nuevo accionista, con las consiguientes condiciones.
Por último, los caminos del Estado y de Criteria parecen coincidir de nuevo. La empresa húngara Magyar Vagon ha presentado una opa sobre Talgo que el Gobierno no ve con buenos ojos por entender que detrás de la compañía puede haber intereses ocultos y considerar que, también, reúne características estratégicas relevantes. Por ello el ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha dirigido a posibles empresas del sector que pudieran estar interesadas en lanzar una contraopa y ha acudido a Criteria para tantear su posible intervención. Ángel Simón dijo hace unos días que entre los sectores en los que Criteria considera que debe estar presente no se encontraría el ferroviario, aunque parece que la negativa no ha sido tan tajante y que Criteria podría estudiar una operación de ese tipo siempre y cuando hubiera un socio industrial potente que se hiciera cargo de la gestión de la sociedad.
La marcha atrás en el proceso de globalización que tiene lugar; el reconocimiento de que la ruptura en muchos momentos de la cadena de valor y la interrupción de los suministros que se ha producido, ha hecho que los gobiernos vuelvan la mirada hacia el interior de sus países y que la consideración de compañías estratégicas haya aumentado alcanzando a empresas que hasta hace poco no se visualizaban como tales. La ausencia de grupos inversores importantes en España –realmente como hóldings solo pueden considerarse Criteria, la estatal Sepi y, en menor medida, el grupo March a través de Alba–, están propiciando un acercamiento entre el Ejecutivo y Criteria para cuestiones concretas. La experiencia de CaixaBank, donde Criteria es el primer accionista y el Estado el segundo con el 17%, y en el que el Gobierno no parece intervenir más allá de lo razonable, puede ser un ejemplo de futuro.