De la relación bilateral con el Estado a anular el Concierto

Los partidos vascos están pasando de puntillas en mítines y debates sobre la cuestión del modelo territorial para Euskadi, pero en sus programas electorales dan cuenta de sus propuestas.

EH Bildu deja de momento su reinvindicación de independencia y plantea una relación confederal con el Estado basada en la bilateralidad, así como el reconocimiento como nación, y la convocatoria de una “consulta habilitante” antes de iniciar cualquier negociación con el Estado. Pensando en sus seguidores históricos, la coalición soberanista no se olvida de presos y exiliados etarras, con propuestas más propias de un programa para unas elecciones generales. En el capítulo titulado ‘Resolución del conflicto’, y en su línea ideológica más ortodoxa, EH Bildu propone el repliegue de las fuerzas de seguridad españolas; medidas de régimen abierto, tercer grado y libertad condicional para los presos; y un programa de ayudas y protección social para la integración de los presos excarcelados, a fin de cubrir sus necesidades laborales, económicas y de vivienda. El PNV reclama también la bilateralidad con el Estado, el reconocimiento nacional de Euskadi y el derecho a decidir previo pacto con el Estado. Rescata su polémica reivindicación de las competencias de puertos y aeropuertos, y del régimen general de la Seguridad Social, con el fin de crear la Seguridad Social

Vasca con políticas activas y pasivas de empleo.

El PSE promete el reconocimiento de Euskadi como nacionalidad o nación; y recupera una aspiración que ya planteó sin éxito Patxi López en su etapa como lehendakari y que obligaría a retocar el reparto competencial entre las instituciones vascas: la atribución al Parlamento autonómico de la potestad para regular el sistema tributario. De hacerse realidad, esta medida privaría a las Diputaciones y a las Juntas Generales (Cámaras provinciales) de una de sus principales facultades, si bien las Haciendas forales seguirían recaudando los impuestos. A su vez, mejoraría la armonización fiscal entre Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, que aplicarían idéntica normativa tributaria a todos sus contribuyentes. Frente a esta propuesta, el PP hace gala de foralismo: exige respeto a las competencias de las Diputaciones y la devolución de funciones que controla el Gobierno, como obras hidráulicas. Sumar y Podemos coinciden en la promesa de impulsar un nuevo Estatuto. La formación de Yolanda Díaz en Euskadi reclama un ‘Pacto de Claridad’ de inspiración canadiense con mecanismos legales y consultas pactadas sobre el estatus territorial.

Lejos de esta visión de las fuerzas de izquierda, Vox plantea ilegalizar los partidos separatistas y suprimir el Concierto Económico vasco.