Las empresas piden 1.000 millones en ayudas verdes a la industria
El pasado 17 de abril finalizó el plazo para que las empresas industriales con presencia en España solicitasen las ayudas vinculadas a la primera línea del Perte de la descarbonización industrial, que cuenta con un presupuesto de 1.000 millones de euros. En los algo más de dos meses y medio que estuvo abierta la ventanilla, el Gobierno recibió el interés por parte de empresas industriales, que presentaron un total de 144 proyectos por valor de 3.000 millones.
El importe de 1.118 millones entre ayudas directas y financiación solicitado por las empresas supone superar con creces lo presupuestado por el Gobierno, ya que la primera línea del Perte, que busca impulsar iniciativas orientadas a reducir el impacto sobre el medio ambiente de las firmas industriales, contempla 500 millones de euros para repartir en subvenciones directas y otros 500 millones para préstamos blandos. Sin embargo, se han pedido ayudas directas por 1.000 millones y préstamos por 118,2 millones. Esta desigualdad entre lo solicitado por el sector privado y el presupuesto es similar a lo sucedido en otros Perte, en los que las empresas no necesitaban tanto apoyo crediticio, sino que lo que buscaban era ayuda directa.
La alimentación se vuelca
Por sectores, la industria alimentaria española fue la que más interés generó esta primera línea del Perte de la descabornización industrial, puesto que se presentaron 32 proyectos, superando los 27 de la producción de productos minerales no metálicos, y los 19 de la metalurgia.
El Gobierno tiene previsto lanzar cuatro líneas de este Perte, con fondos públicos reservados por importe de 3.170 millones, que permitirán movilizar hasta 11.800 millones de inversión total. Las cuentas del Gobierno contemplan que esta iniciativa permitirá aumentar un 10% la competitividad del sector y servirán para crear alrededor de 8.000 puestos de trabajo en España.
En el segundo semestre de 2024, el Ejecutivo lanzará la segunda convocatoria de la línea 1 del Perte que está orientada a proyectos industriales cuya ejecución se prolongue más allá de 2026.