El Constitucional acepta dirimir el pulso sobre Sucesiones
El Tribunal Constitucional ejercerá finalmente de árbitro en la disputa judicial abierta entre el Gobierno y el Partido Popular a costa del intento del principal partido de la oposición de tumbar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Los magistrados admitieron ayer a trámite el recurso planteado por el Ejecutivo contra la iniciativa legislativa que el PP impulsó aprovechando su mayoría en el Senado y que deja en vilo unos 3.000 millones de euros de recaudación anual que van a parar a las arcas autonómicas.
La actual batalla fiscal a costa del tributo se inició el pasado 21 de noviembre, cuando la Mesa del Senado admitió la tramitación de una proposición de ley del PP que aspira a derogar la Ley 29/1987 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. El criterio de la Cámara Alta, en la que el PP goza esta legislatura de mayoría absoluta, fue ratificado el pasado 18 de enero pese a que, entre medias, el Gobierno ha remitido varios requerimientos instando a detener la iniciativa legislativa.
Ante esta situación, el Consejo de Ministros del pasado 20 de febrero aprobó la presentación de un recurso contra dicha proposición de ley ante el Tribunal Constitucional.
El escrito promovido por el Ejecutivo fundamenta su reclamación en el artículo 134.6 de la Constitución Española, que establece que “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”.
En consecuencia, Hacienda argumenta que entra dentro de sus potestades vetar la tramitación de la normativa del Partido Popular por su impacto sobre los ingresos públicos.
Este argumento ha sido sometido a debate por el hecho de que el Impuesto sobres Sucesiones y Donaciones es un tributo estatal cedido a las comunidades autónomas, por lo que su supresión no afectaría directamente a los Presupuestos Generales del
Estado, sino a las arcas regionales. A partir de ahí, replica Hacienda, las autonomías sí que podrían acabar solicitando al Estado una compensación económica por la pérdida de estos ingresos tributarios, lo que acabaría trasladando el impacto.
2.800 millones en juego
El monto en juego, según los cálculos presentados por el Ejecutivo, se sitúa en torno a los 2.800 millones de euros de recaudación anual, una cuantía relevante que podría incluso resultar superior a tenor de las últimas cifras de ingresos disponibles, las del ejercicio 2021, cuando la figura cosechó un total de 3.200 millones para las comunidades autónomas.
Lo que el Tribunal Constitucional decidió ayer es admitir a trámite el recurso del Gobierno contra la proposición de ley del PP, emplazándose a sí mismo a debatir el fondo de la cuestión y los límites de la capacidad de veto del Ejecutivo sobre las iniciativas de modificación de los ingresos públicos en los próximos meses. Una nueva batalla fiscal en el Constitucional después del aval del tribunal al discutido Impuesto a las Grandes Fortunas.
El tribunal admite a trámite el recurso de Hacienda contra la proposición del PP de tumbar el tributo