Coto a la ‘suerte’ de Hacienda en sus registros: ¿Fin a la prueba casual? INSPECCIÓN/
En la imagen, un registro de la Agencia Tributaria en una empresa.
En las entradas y registros a domicilios y empresas por parte de los inspectores de la Agencia Tributaria (AEAT) no todo vale. Los tribunales cada vez anulan más pruebas presentadas por la AEAT por obtenerlas de un modo cuestionable, que puede llegar a invalidar todo el procedimiento. El principal punto de fricción de los inspectores con los tribunales está en los documentos e indicios incautados para los que no había autorización judicial expresa.
Es precisamente lo que ha ocurrido en el último caso mediático que ha estudiado la Audiencia Provincial de Madrid y que tiene como protagonista al empresario del ocio nocturno, Pedro Trapote. El fallo estima una las cuestiones previas planteadas por la defensa del empresario, consistente en reputar nula la entrada y registro en los domicilios societarios y recrimina a la Agencia Tributaria que utilizara información para la que no estaba autorizada por el juez, ocultando conscientemente este extremo. El proceder supone servirse de una prueba ilícita, prohibida en el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
De ese modo, la sentencia invalida las pruebas obtenidas a partir de la entrada y registro, en particular el informe pericial dada la relación de conexidad con la prueba ilícita. Es un asunto que conoce bien Eduardo de Urbano, doctor en Derecho y magistrado en excedencia, y responsable del área de Derecho Penal Económico de KeplerKarst. El jurista es quien ha dirigido la defensa del empresario.
“Nos encontramos muchas veces con que la Inspección entra en una empresa y acaba recabando más información de la que estaba autorizada. Los inspectores no pueden entrar en un domicilio con fines prospectivos y los jueces están frenando esto. Además, ahora hay mucha controversia respecto a los dispositivos electrónicos y cómo se custodian y se analizan dichas pruebas”, explica. El Tribunal Supremo está introduciendo además una doctrina muy interesante diferenciando entre deuda y fraude”, añade.
El Supremo fue claro ya hace cuatro años. En 2020, fijó como doctrina que, para la validez de la prueba, es necesario que se abriera un expediente y se notificara al contribuyente afectado; que la autorización judicial estuviese
Los jueces recriminan que la AEAT utilice información para la que no estaba autorizada
La Justicia advierte de “graves carencias normativas” en la vigente legislación sobre inspecciones
plenamente justificada; y que las pesquisas en ningún caso se llevaran a cabo con fines prospectivos, lo que muchos fiscalistas llaman expediciones de pesca fiscal.
Pablo Gutiérrez Serrano, socio de Garrido, subraya que la Audiencia Provincial de Madrid ha considerado que la prueba se obtuvo vulnerando el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, acordando su exclusión como prueba por ser contraria al artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, en definitiva, absolviendo a los acusados de los delitos contra la
Hacienda Pública y falsedad por los que se había formulado la acusación, al no existir otras pruebas de cargo.
No es un caso aislado
El abogado subraya que el polémico caso del empresario Trapote no es un asunto aislado. “Se inicia un nuevo debate judicial sobre la legitimidad y relevancia de las pruebas obtenidas por la AEAT al margen del objeto y contenido autorizado judicialmente que pudiera justificar la entrada domiciliaria como limitación del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, so pretexto de considerar que documentación que precisa de un detenido estudio puede considerarse hallazgo casual del que, sin embargo, no se informa debidamente a la autoridad judicial”, señala.
El Supremo ha ido delimitando en los últimos años los requisitos necesarios para el acceso a domicilios, tanto de personas físicas como jurídicas. Estos fallos califican de “grave carencia normativa” la vigente normativa y subrayan que “no se contiene una regulación plena y suficiente”. Pablo Gutiérrez Serrano concluye que “existe un intenso debate judicial sobre la licitud o no de estas limitaciones de derechos fundamentales”.