El veto que contiene una ley de 2014
El Gobierno tiene la última palabra sobre la oferta de compra que ha lanzado BBVA sobre Sabadell en el mercad. Ayer cargó contra la operación con dureza y dejó claro que tiene potestad para oponerse a ella, si así lo considerara oportuno. Si la operación llega a buen puerto, los supervisores (BCE, CNMV, CNMC...) la revisarán y harán sus respectivos informes y recomendaciones. Después el Ministerio de Economía se pronunciará al respecto, con su propio criterio.
La legislación nacional le da esta potestad al Ejecutivo desde 2014.
La Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, en su disposición adicional decimosegunda de referente a la autorización de operaciones de modificación estructurales recoge que “corresponderá al Ministro de Economía autorizar las operaciones de fusión, escisión o cesión global o parcial de activos y pasivos en las que intervenga un banco (...). A estos efectos, y con carácter previo a la concesión de la autorización, se solicitará informes [a las autoridades competentes].
Con ello, el Gobierno entonces presidido por el Partido Popular –con Luis de Guindos al frente del Ministerio de Economía– se reservaba la posibilidad de veto o de luz verde de las operaciones corporativas en un periodo –hace 10 años– extremadamente convulso para el sector bancario y de gran transformación. De hecho, este mismo texto regulatorio marcó un antes y un después para la banca en España, pues adaptó el marco normativo a los nuevos requerimientos de supervisión integrada del BCE que se pondría en marcha ese mismo año.
En la normativa que ahora da el poder a Carlos Cuerpo, ministro de Economía, para vetar la opa de BBVA se diseñaron también los colchones de capital de la banca que han reforzado su solvencia.