Las empresas catalanas, ante el 12M: estabilidad política y rebajas fiscales
Reclaman también más colaboración público-privada, simplificar leyes, menos burocracia, un nuevo modelo de financiación y el desbloqueo de proyectos como la ampliación de El Prat y Hard Rock.
Hoy termina la campaña de las elecciones catalanas y las organizaciones empresariales tienen muy clara su agenda de prioridades para la nueva legislatura. Exigen un cambio de rumbo a nivel económico, político y tributario, con el objetivo de alcanzar la estabilidad y volver a ser la comunidad autónoma que más contribuya al PIB. También reclaman desbloquear inversiones en infraestructuras que llevan años e incluso décadas pendientes, reducir la burocracia y poner en marcha un nuevo modelo de financiación.
Bajar los impuestos es otra demanda compartida. Para Foment del Treball, Cataluña vive un “infierno fiscal”, en palabras de su presidente, Josep Sánchez Llibre. Sin embargo, la Generalitat rebate totalmente este diagnóstico. La patronal de pymes Pimec también describe la fiscalidad como “extractora”, por lo que pide un cambio.
Cataluña es la comunidad que cuenta con más tributos propios. En la actualidad, están en vigor un total de once. Para Foment del Treball, son una “barrera” a la hora de atraer inversiones y captar nuevas empresas. También plantea revisar los tipos en Sucesiones porque “dificultan el acceso a la vivienda”, y suprimir Patrimonio, que tilda de “confiscatorio”.
El debate sobre la vivienda está de plana actualidad, tras la entrada en vigor, en marzo, de topes al alquiler en 141 municipios considerados “tensionados”. En plena campaña, el Govern de ERC ha anunciado que se extenderá a otros 130 municipios. Sin embargo, la Asociación de Promotores de Cataluña carga contra los “constantes cambios normativos y la inseguridad jurídica que generan”, dice su presidente, Xavier Vilajoana. En su opinión, estas políticas tensionan todavía más el mercado, por lo que no consiguen su pretendido objetivo: rebajar precios.
Otra demanda que une a la práctica totalidad de los agentes económicos es la mejora de la financiación de la Generalitat. Así figuraba en una declaración que, a principios de marzo, rubricaron una veintena de organizaciones empresariales, entre ellas todas las cámaras de comercio; las patronales Foment y Pimec; el Colegio de Economistas, el Círculo de Economía y entidades como Femcat, el Racc y Barcelona Global.
En el manifiesto, reclamaban o bien un “pacto fiscal” basado en el concierto y el cupo; o el “modelo federal”, en el que todos los impuestos pasen a estar recaudados, gestionados e inspeccionados por un consorcio participado por Hacienda y la Generalitat.
Cuando el Parlament rechazó la admisión a trámite de las cuentas que ERC y el favorito en las encuestas, el PSC, habían consensuado, el argumento que los comunes pusieron encima de la mesa era que no se vetaba Hard Rock, el complejo de ocio y juego que desde hace más de 10 años está proyectándose en la provincia de Tarragona. Sobre esta cuestión, la presidenta de la Cámara de Comercio de Tarragona, Laura Roigé, se muestra muy contundente: ve necesaria la inversión para “desestacionalizar el turismo” y lamenta que sus detractores hayan recurrido a argumentos que faltan a la verdad. “He visto el proyecto y en ningún sitio aparecen rascacielos y 30.000 máquinas tragaperras”, dice. Otra de sus demandas es apoyar la industria petroquímica, clave para esta provincia.
Hay muchas otras inversiones que están bloqueadas. Algunas de ellas las financiaría el Estado pero hasta ahora han contado con la firme oposición del Govern de ERC, como la ampliación del Aeropuerto de Barcelona y el tramo central del Cuarto Cinturón o B-40, una autovía orbital en la región metropolitana.
Renovables y sequía
El retraso en la generación de energía renovable, un ámbito en el que Cataluña había sido impulsora, también es motivo de inquietud, al igual que la sequía. Cataluña sufre la peor crisis hídrica desde que hay registros. Según el último barómetro del Colegio de Economistas, es el principal motivo de preocupación entre el empresariado. El Govern ha anunciado un sinfín de inversiones, pero la muchos de los proyectos se diseñaron hace 15 años y se paralizaron a raíz de los recortes que impulsó el expresident Artur Mas (CiU) tras su llegada al poder, en 2011.
Hay otros desafíos que vienen de lejos, como el exceso de burocracia. Pimec exige una simplificación normativa y una moratoria en la aprobación de nuevas leyes por parte del Parlament. El presidente de la Cámara de Comercio, Josep Santacreu, cree que la administración llega a ser “lastrante”, y en este punto, la patronal Cecot propone al nuevo president crear una consejería dedicada específicamente a la reforma del sector público.
Otro deseo compartido es recuperar el liderazgo autonómico. Desde 2017, el año de la fallida declaración unilateral de independencia que aprobó el Parlament, Madrid es la autonomía que más contribuye al PIB nacional. La industria, que en el año 2000 representaba el 25% del PIB catalán, lleva años estancada en el 20%. El empresariado exige poner el foco en el sector secundario y aprovechar al máximo los fondos Next Generation.